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   Martes, 25 de Julio de 2017
Legislatura 
Edición: 2283 - Fecha: 1 de Sep, del 2016
Ley de Acceso a la Información

El proyecto de Acceso a la Información Pública, a través de la cual los particulares podrán solicitar y recibir información de los tres poderes del Estado, obtuvo hoy dictamen de mayoría en el Senado Nacional y será debatido en la sesión de la próxima semana, donde se descuenta que será convertido en Ley.

     La firma del dictamen se realizó luego de que el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Justicia y Asuntos Penales pasara a un nuevo cuarto intermedio, que nunca fue levantado por el presidente de la primera de ellas, el kirchnerista Marcelo Fuentes.

    El oficialismo, con una parte del Frente para la Victoria, pretendía dictaminar sin modificaciones el proyecto venido de Diputados, mientras que el ultra kirchnerismo y una parte del peronismo disidente querían introducir modificaciones.

    De ser aprobada la iniciativa, el gobierno de Mauricio Macri estará obligado a brindar la información que cualquier particular le solicite.

    Sin embargo, la postura del ultrakirchnerismo, con las camporistas Anabel Fernández Sagasti y Virginia García a la cabeza, pretendían dilatar el tratamiento, algo a lo que se oponía el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

    De hecho, el oficialista porteño no sólo propuso aprobar el proyecto de Acceso a la Información Pública tal como venía de Diputados, sino pasar a la firma otro dictamen, introduciendo algunas modificaciones en el capítulo que habla sobre los entes alcanzados por la medida.

    La idea fue descartada y será puesta a consideración del Congreso una vez que el proyecto original sea promulgado por el Ejecutivo.

    “Proponemos un dictamen con la media sanción de Diputados y trabajar en una ley rectificatoria”, señaló Pinedo al mencionar que también deberían ser sujetos obligados a brindar información los bancos Nación, Hipotecario y de Comercio Exterior.

    La mendocina Fernández Sagasti dijo que la propuesta de Pinedo le causaba “desagrado” y que era “dar un paso institucional errado” y un “retroceso”.

    Asimismo, la santacruceña García recordó los tiempos en los que la oposición al kirchnerismo se refería al Senado como una “escribanía” y aconsejó a Cambiemos: “no cometan los mismos errores que cometimos nosotros”.

    Tras las discusiones, el neuquino Fuentes pasó a un cuarto intermedio, aconsejándole a los legisladores que se oponían a la propuesta mayoritaria preparar un dictamen y presentarlo más tarde.

    Sin embargo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales nunca volvió a convocar al plenario y, por ello, los senadores de Cambiemos y los del Frente para la Victoria bajaron a Salón Illia a firmar el dictamen, que terminó siendo el de la mayoría, ante los secretarios de las comisiones.

    El proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública crea una Agencia de Información Pública autónoma como autoridad de aplicación, integrada por representantes de todas las áreas del Estado, que serán designadas por el Ejecutivo previo concurso de oposición y antecedentes, y con posibilidad de remoción.

    Además, establece como características principales el principio de legitimación amplia: cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz.

    El Estado tendrá 15 días para proveer la información solicitada, con posibilidad de prorrogar el plazo por 15 días más una sola vez.

    En caso de no recibir respuesta en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa o judicial.

    Asimismo, establece la creación de un órgano de aplicación por cada poder del Estado con autarquía y con funcionarios elegidos por concurso y sistema de impugnaciones.

    La iniciativa, en caso de ser aprobada, regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales, sindicatos y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado Nacional.

 

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