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   Sábado, 25 de Marzo de 2017
Opinión 
Edición: 2282 - Fecha: 19 de Abr, del 2016
Con las manos sucias

Asistimos a un momento del país en el que es elevadísimo el nivel de desconfianza sobre la dirigencia política. La palabra «corrupción» es la vedete del día en la televisión, la radio y los diarios, se habla tanto de ella que ya suele hasta ser normal que se discuta en programas políticos sobre cómo se llevaron la plata, dónde la tienen guardada, quiénes están involucrados, para qué sirve una empresa offshore, y demás aberraciones como la de ver que cuentan miles de dólares cuando era imposible tener tanta cantidad en efectivo.

     Son inaceptables las prácticas desleales desde el gobierno, tenga el color partidario que tenga, porque atenta directamente contra la población que en gran parte lo eligió en elecciones para que administren los fondos públicos del país en beneficio de todos. Pero cuando aparece una (o unas) mano negra en medio de una adjudicación de dinero para la realización de una obra, ese desvío de dinero afecta directamente a los ciudadanos que tienen que conformarse con un trabajo hecho de mala calidad, en el mejor de los casos; en el peor, la obra no se hace o se ejecuta a medias.
Todos saben que hay corrupción pero quienes tienen la facultad para hacer algo al respecto o tienen compromisos políticos con las personas a investigar, o prefieren no meterse en un tema en el que no saben por dónde va a saltar la libre, o comienzan a investigar a los sospechosos recién cuando hay algún cambio de gobierno que les es afín. ¿La actitud de esos elementos de la justicia, la desidia, acaso no es una forma blanda de corrupción?
Un país no puede permitirse tener a ex funcionarios nacionales que sean sospechados de corrupción (algunos con condena ya), y menos a tantos como los que tiene la ex presidenta Cristina Fernández, que también está imputada por varias causas. Pero más terrible es que en su momento, por estar en funciones, hayan gozado de la impunidad que, parece, da el poder. Porque la Justicia puede ser lenta pero a veces se hace la distraida.
Del mismo modo es vergonzoso y condenable que el actual presidente Mauricio Macri juegue a tener amnesia y no recordar que su padre, Franco, lo incorporó al directorio de una empresa offshoe que salió a la luz con los Panamá Papers.
En otros países, y tomemos por caso a Brasil que atraviesa distintos problemas, la historia sería diferente. No por nada Dilma Rousseff está a punto de enfrentar un juicio político. En este caso, la corrupción se habría llevado a cabo pero las instituciones del país están funcionando y es muy posible que la primera mandataria, en plena función, tenga que declarar ante la Justicia.
En casa el cuento es diferente. Macri se convierte en uno de los presidentes en el mundo nombrado en la investigación del consorcio de periodistas y él sale a dar explicaciones que no convencen ni a su entorno.
Y tampoco logra tener tanta repercusión en nuestros medios –salvo en un renovado «6, 7, 8» de los domingos a la noche por C5N- como sí se lo dan a Cristina en Comodoro Py.
En las décadas de la restauración democrática, si bien se ha logrado la apertura y vigencia de la institucionalidad, no es menos cierto que esta etapa histórica se ha caracterizado en ser un débil ensayo de la práctica democrática. Ha sido un resucitar de los mismos partidos políticos tradicionales animados por los mismos intereses aristocráticos, oligárquicos y burgueses quienes han controlado, manipulado y avergonzado al país.
¿Son ellos acaso, los culpables de la corrupción política, de un país que se ha degenerado en todas los ordenes, niveles, esferas y dimensiones?
Es el momento para tomar las cosas en serio, si es que se quiere llegar a la verdad y a la justicia. De una vez por todas, la sociedad merece un gesto de protección contra las aberraciones de los inescrupulosos que se benefician de sus actos espurios en desmedro de la mayoría. Hay que empezar a dar el ejemplo y no permitir que esos actos queden impunes.
Desde el ámbito legislativo se tienen que realizar las leyes para limitar la corrupción y que, por ejemplo, las adjudicaciones de obras sean lo más transparente posible. Esto es lo mismo que decir que hay que fortalecer la institucionalidad y la participación ciudadana para controlar el destino de los fondos públicos. Lo que también permite una imagen hacia afuera de un país serio y seguro. Porque mientras el que las hace no las pague, seguirá aplicándose el proverbio grondoniando de que «todo pasa».

 

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