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Opinión 
Edición: 1103 - Fecha: 31 de Ago, del 2007
La introducción de la mujer en la política

Desde la década de los 90 se ha incrementado la intervención de las mujeres en el ámbito de la política en América Latina. Sin embargo, todavía falta mucho para que la participación femenina sea equitativa.

     Los años noventa fueron testigos del progreso sin precedente logrado por el liderazgo de la mujer en América Latina. Un adelanto general en las capacidades y oportunidades para las mujeres, cambios de actitud acerca de la participación femenina en la política, así como la consolidación de instituciones democráticas en la mayoría de los países, han creado un clima favorable para que las mujeres lleguen a ocupar puestos de poder en números nunca antes vistos.

    Cabe recordar, que en 1944 en Ecuador se produjo el primer nombramiento de una mujer en un cargo ministerial, fue el de Nelda Martines ocupando la cartera del Interior. Actualmente en los países de Latinoamérica han ido incorporando paulatinamente a las mujeres en distintas carteras ministeriales, que han logrado encabezar hasta los sectores menos tradicionales como lo son el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores y Economía.

    El reciente gobierno de Chile encabezado por la presidenta Michelle Bachelet constituyo un demostrativo avance de la introducción de la mujer a la política en Latinoamérica y tuvo por efecto que países como Perú, Nicaragua y Ecuador tomaran la iniciativa de incorporar alrededor del 30 por ciento de mujeres a sus gabinetes. El caso de Cristina Fernández, actual candidata la presidencia argentina, o de Rigoberto Menchú en Guatemala, son más ejemplos de esa situación.

    En la actualidad las mujeres ministras representan el 25 por ciento del total de los gabinetes ministeriales en el continente, según cifras del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) 2007.

    Entre 1991 y el año 2000, doce países latinoamericanos aprobaron leyes de cuotas que establecen un mínimo de entre 20 y 40 por ciento de participación femenina como candidatas en las elecciones nacionales. La aprobación de cuotas se llevó a cabo después de la celebración, en 1995, de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing y de una serie de reuniones regionales entre mujeres de la política latinoamericana. La implementación de las cuotas en el continente implicó un aumento considerable de la presencia femenina en los parlamentos.

    En noviembre de 1995, la Plataforma de Acción sancionada en Beijing, convocó a los gobiernos a “asegurar un acceso igualitario y participación completa de la mujer en las estructuras de poder y en la toma de decisiones”, así como a adoptar medidas para la promoción de grupos postergados con el fin de lograr una intervención mas equitativa en distintos ámbitos del Estado.

    Según el estudio de la CEPAL, las cuotas para mujeres han tenido un efecto positivo en la mayoría de los países: desde el momento en que entraron en vigor estas leyes, la representación femenina en el Congreso se disparó de un 6 a un 36 por ciento en Argentina, del 16 al 39 por ciento en Costa Rica, del 11 al 30 por ciento en Perú y del 9 al 22 por ciento en México. Comparativamente, en Guatemala, donde no hay cuotas, la representación femenina en el Congreso es de apenas el 8 por ciento.

    Sin embargo, los efectos de las cuotas han variado en distintos países, solo en Argentina, Paraguay y Perú la presencia de la mujer ha logrado acercarse a los niveles de cuotas establecidos. En el caso de Argentina, el número de mujeres en el Congreso dio un salto de 6 a 27 por ciento; en el Senado de Paraguay aumentó de 11 a 20 por ciento y en las elecciones de abril en Perú, la presencia de mujeres en el Congreso se duplicó (de 13 a 26 de un total de 120, es decir de 11 a 22 por ciento).

    En otros casos como la Cámara de Diputados de Bolivia, Brasil y Panamá, el Senado de Bolivia y Venezuela, los efectos de las cuotas han sido mínimos. Esta falta de equilibrio puede explicarse por las diferencias en las mismas leyes y por la naturaleza de los sistemas electorales a los que se aplican dichas leyes.

    Debido a esto, para que el sistema de cuotas actué de manera eficiente, real y concretamente en los diferentes países tendría que ser aprobada de manera obligatoria en donde se debieran especificar la forma en la que debe se ser aplicada teniendo en cuenta, además, la ubicación de las mujeres candidatas. Ya que, en algunos países, este tipo de leyes, a pesar de establecer porcentajes mínimos de candidatas, toman la forma de recomendación por parte de los partidos políticos y no como un mandato. Por ejemplo, en Brasil las leyes de cuota especifican que los partidos deben reservar el 25 por ciento de las plazas para mujeres pero no se les requiere que realmente cubran esas plazas con candidatas mujeres.

    Esta situación, termina por restringir la participación efectiva de las mujeres en el ámbito político y democrático de algunos estados Latinoamericanos. La plena intervención de las mujeres es un requisito que se tendría que tener en cuenta para que una verdadera gobernabilidad sea democrática y justa para todos sus miembros sin distinción de genero. La incorporación activa femenina en los estados tendría que profundizar la democracia y el poder del estado ciudadano.

    Además, se suma que los derechos de las mujeres no siempre son garantizados por los sistemas legislativos, electorales y judiciales de los países. Y pese a los avances en la situación de las mujeres, en los aspectos como la educación o el empleo, y el progreso logrado por las cuotas, las mujeres Latinoamericanas ocupan solamente un 25 por ciento de los bancos parlamentarios de todo el continente, según cifras de estudios hechos al respecto.

    En lo que respecta a la participación de las mujeres en los partidos políticos, a menudo sucede que han colocado a sus candidatas al final de las listas, en los lugares de suplencia o en otras posiciones en donde tienen escasas opciones de ser conocidas y como consecuencia de ser elegidas. Así, se cumple el requisito sobre la presencia mínima de mujeres en las listas pero se coarta las opciones reales de acabar ocupando una banca parlamentaria. Teniendo en cuenta el tipo de lista en la que se presenta o bien las que son de tipo cerradas y bloqueadas, o cerradas y no bloqueadas, o abiertas, que para cada caso la situación difiere.

    Es un avance que las mujeres estén ocupando cargos ministeriales y presidenciales en el continente, pero todavía falta mucho para que se implemente políticas que permitan un acceso más igualitario a los cargos políticos de los estados. Aún se tiene que limar las aplicaciones de las cuotas, que en muchos casos terminan por ocupar un lugar simbólico con faltas a una aplicación real.

    También se debería promover la distribución igualitaria de los candidatos en las listas de los partidos políticos, no debiendo relegar a las candidatas en un espacio inferior y en donde su presencia termina por ser un mero decoro. Esta situación implica que hoy por hoy, no se toma realmente en cuenta los aportes a la política que puede realizar el sexo femenino para bien o para mal, la igualdad es para todos los ciudadanos y no para unos pocos.

    (APM)

 

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