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Opinión 
Edición: 1086 - Fecha: 3 de Ago, del 2007
El hambre de uno es el hambre de todos

A pesar del crecimiento económico, no se vislumbran políticas serias de distribución del ingreso: En el país de los 44 mil millones de dólares de reservas, la desnutrición gana los cuerpos de miles de pobres.

     Cada tanto, inmersos en algún inusual y esporádico trance filantrópico, los grandes medios de comunicación argentinos se acuerdan de los indigentes: aquellos seres humanos que, en medio del inédito proceso de crecimiento de la economía nacional, deben alimentarse de las esperanzas. Para su desgracia, las ilusiones al igual que el aire, no poseen las calorías necesarias para que un estómago se sacie y un cuerpo sobreviva.
Esta vez, el lente mediático llegó hasta la norteña provincia argentina del Chaco, donde 10 personas, entre ellos varios integrantes de la comunidad toba, murieron de desnutrición. La crónica, con una usual frialdad herencia del mejor periodismo anglosajón, enumeró algunos de los episodios en una suerte de listado fúnebre:

    - “El viernes 13 de julio murió Luciano González, aborigen conocido como “Lucianito”, antiguo habitante del Lote 6 de la localidad de Villa Río Bermejito. Estaba enfermo de tuberculosis y desnutrido”.

    - “El miércoles 18 de julio falleció Mabel Pino Fernández, aborigen toba. Pesaba 26 kilos y murió luego de haber peleado durante varios meses con un cuadro de desnutrición de tercer grado”.

    - “El sábado 21 de julio, a las 13:00 horas falleció el antiguo cacique Alberto Gómez, que vivía en el Paraje El Colchón. Estaba muy desnutrido. Causa de muerte: tuberculosis pulmonar”.

    - “También en el hospital de Castelli falleció un bebé en el vientre de una mujer desnutrida”.

    - “Andres Acevedo; murió de meningitis y pesaba 40 kilos cuando se produjo el deceso. También es de Espinillo”.

    - “Dora Leiva, de 45 años de edad, desnutrida, falleció por insuficiencia hepática y cardíaca a causa del Mal de Chagas”

    - “En otra zona de la provincia, murió un bebé recién nacido, de madre adolescente y desnutrida”.

    Quizás el más dramático de los casos, haya sido el de Mabel Pino Fernández, cuya foto circuló en varios matutinos días atrás. La mujer, con el cuerpo consumido, con el vientre desaparecido, con los huesos ocupando el lugar de la carne, fue pesada en una balanza pública frente a la gobernación de la provincia del Chaco, para hacer público su estado. Sus 26 kilos ocuparon poco espacio en las fotografías de los diarios, pero aún menos espacio ocuparon en la agenda política.

    Pino pertenecía a la etnia Qom, una de las tantas que componen el vasto mapa de pueblos originarios, que habitan en el interior de las provincias argentinas. Varias coordinadoras como El Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) y el Centro Nelson Mandela, denunciaron la existencia de un "genocidio étnico” contra de comunidades toba de la zona de monte conocida como el Impenetrable, donde hay víctimas de desnutrición grado 3, mal de chagas (que en Argentina mata más que el Sida), tuberculosis y escabiosis entre otros males.

    "Lo más indignante es que los centros de salud no nos atienden porque somos indígenas y nadie llega a nuestros lugares, estamos totalmente abandonados", explicó al diario Página 12 Bashe Nuhem, comunicadora toba de la Red de Comunicación Indígena (RCI). La precariedad se reproduce en las zonas profundas del Impenetrable, donde el estado provincial no construye carreteras, no hace controles de saneamiento, y abandona a los habitantes a la suerte del hostil ambiente.

    Pero la indigencia en argentina no es exclusiva de las comunidades de los pueblos originarios. Esta semana, se conoció que 340 personas iniciaron acciones de Amparo en la Justicia Federal, solicitando asistencia sanitaria y alimentaria urgente, ante graves cuadros de desnutrición. Se trata de habitantes del partido de Quilmes, zona urbana ubicada a minutos de la ciudad de Buenos Aires.

    En el país de los 44 mil millones de dólares de reservas, existen 6 millones y medio de pobres, de los cuales más de 2 millones (el 32 por ciento) son indigentes, ya que no alcanzan la canasta básica ubicada en los 429 pesos argentinos (unos 136 dólares). El 10 por ciento más rico posee ingresos 30 veces mayores que el 10 por ciento más pobre.

    Estos datos pertenecen al último semestre de 2006, y fueron relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), organismo público sospechado de “retocar” los números a favor de la gestión oficial, sobre todo luego de una sucesión de relevos en la dirigencia de la institución y de nombramientos de profesionales cercarnos al gobierno del presidente Néstor Kirchner.

    Precisamente, uno de los puntos más discutidos por varios organismos no oficiales conjuntamente con algunos movimientos sociales (como la Central de los Trabajadores Argentinos), es el precio de la canasta básica. Basta con entrar un minuto a cualquier cadena de supermercados, para deducir (en base al más elemental sentido común) que con 429 pesos es imposible alimentar a una familia de cuatro personas durante un mes.

    El rasgo sobresaliente de esta fase del capitalismo globalizado es un estupendo crecimiento económico (con pocos precedentes en la historia) acompañado de una cada vez más profunda desigualdad social. Esta lectura es aceptada, incluso, por sectores históricamente conservadores. Así lo demuestra un artículo publicado por Kenneth F. Scheve y Matthew J. Slaughter (este último asesor de la Casa Blanca en temas económicos), titulado “Un nuevo desafío para la globalización”.

    En el trabajo difundido por la revista Foreign Affaires, los especialistas concluyen, muy a pesar de su visión ultraliberal y de su defensa a la teoría del derrame, que es necesaria una seria política de distribución del ingreso por parte del estado.

    La pregunta obligada, y volviendo al caso específico de Argentina, es ¿por qué no se realizan políticas de distribución del ingreso? ¿Por qué el gobierno de Kirchner, al igual otros tantos de América Latina, se ufana del crecimiento de la economía en el país, pero no construye instancias serias para solucionar el hambre de dos millones de argentinos?

    Esta semana se anunció que el gobierno modificará el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, y ya se está discutiendo en el Congreso. De esta forma, tributarán sólo aquellos que cobren más de 4.600 pesos en el caso de estar casados y con hijos y 3.400 aquellos que sean solteros solteros.

    La medida se presentó como parte de la política social del gobierno para distribuir el ingreso, pero esto no es suficiente. Para iniciar acciones con repercusiones reales en el mapa de la pobreza y la indigencia, es necesario rever el Impuesto al Valor Agregado (en Argentina es del 21 por ciento y se extiende aún más en el precio de los servicios), principal fuente del crecimiento en la recaudación fiscal.

    En varios países del denominado primer mundo se reduce drásticamente el IVA a la hora de gravar productos de primera necesidad. En Inglaterra los alimentos tienen una alícuota reducida y pagan entre 0 y 5 por ciento de impuestos a su valor, en Alemania 7 por ciento, en Canadá entre 0 y 7por ciento, en España entre 4 y 7 por ciento y en Francia 3,8 por ciento. En Argentina, paga exactamente el mismo IVA el que compra un Mercedes Benz último modelo, así como el que compra un paquete de arroz.

    También hay que destacar que, junto con Uruguay, Argentina es el país con mayor Impuesto al Valor Agregado de América Latina.

    Por otra parte, el gobierno de Kirchner ha dado continuidad a los planes sociales impulsados por el ex presidente Eduardo Duhalde, con el fin de paliar la delicada situación social. Hoy el gobierno argentino reparte poco más de un millón de planes Jefes y Jefas de Hogar, por medio del Ministerio de Trabajo. También se distribuyen subsidios a través del Programa de Empleo Comunitario (PEC), así como desde varios emprendimientos impulsados por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner, hermana del presidente.

    Sin embargo, el camino de los planes sociales está plagado de intermediarios. En principio, la propia burocracia estatal genera trabas en el sistema de repartos y de cobro. Luego los mezquinos intereses de los sectores políticos, que negocian votos por subsidios, fomentando el clientelismo y ayudando a reproducir la situación estructural de la pobreza en lugar de luchar contra ella.

    En Argentina, estos actores de la prebenda son denominados “punteros políticos” y son aquellos que hacen el trabajo sucio de recolectar votos y voluntades a cambio de algún plan social. En otras palabras, negocian con el hambre y las necesidades de las clases más bastardeadas.

    Aún considerando que la situación de la pobreza e indigencia en el país austral requieren una profundo cambio para modificar la situación estructural, el “hambre más urgente” debe ser resuelta inmediatamente. La asistencia del estado en este sentido es fundamental, pero para ser eficaz es preciso que se deshaga de la pesada mochila del clientelismo político.

    La observación también es válida para el resto de los países de América Latina. Según un informe del Banco Mundial, en esta región del mundo, 47 millones de personas viven en la pobreza extrema. Otro dato de la FAO (Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), aumenta aún más la cifra, y estima que de 224 millones de pobres, el 25 por ciento (56 millones) sufre de desnutrición.

    En momentos donde Argentina, en particular, y América Latina, en general, gozan de un gran crecimiento económico, la indigencia y la pobreza deben ser temas centrales en la agenda. Los impulsores del proyecto de los agrocombustibles, afirman que el problema del hambre no se debe a la ausencia de alimentos, sino a la falta de distribución. Sin embargo, mientras se construyen plantas de etanol y se aceitan los engranajes del negocio agropetrolero, la seguridad alimentaria de millones de personas no está garantizada.

    La postal más certera del profundo impacto social de la pobreza y la indigencia, tuvo lugar en Argentina meses atrás, cuando un grupo de chicos y adolescentes recorrieron 4500 kilómetros desde el norte hasta la ciudad de Buenos Aires bajo la consigna “El hambre es un crimen, Ni un pibe menos”. Una de las pancartas, con una frase elemental, casi tan elemental como sentir hambre y querer comer, rezaba: "la alcancía de la Casa Rosada está llena, lo único que falta es romperla y distribuirla entre los que menos tienen".

    (APM)

 

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