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Opinión 
Edición: 1082 - Fecha: 30 de Jul, del 2007
Algo más que un problema de identidad

Francia, España y Alemania gastan millones de euros y crean organismos especiales para acabar con la inmigración ilegal. Lo plantean en términos de integración y diferencias, pero los resultados dejan mucho que desear.

     El calor de julio se hace insoportable en las costas europeas y los cuerpos mal alimentados de hombres, mujeres y niños no resisten a las largas travesías que emprenden para llegar a las costas del sur de Italia. Viajan en pequeñas embarcaciones, al rayo del sol y con el olor de los cadáveres que van quedando en el camino. En los últimos días han llegado más de un millar de inmigrantes irregulares a la zona de Lampedusa, la isla más meridional de Italia. Mientras, el gobierno de ese país, junto con el de España y el de Alemania, siguen manteniendo reuniones protocolares para poner fin al llamado problema de la inmigración ilegal.

    En su caso, España tiene un problema particular con la inmigración y es de tipo generacional. Con una población sumamente avejentada, el gobierno impulsa políticas como la de abonar 2.500 euros por cada nacimiento, mientras que rechaza a los miles de inmigrantes que por día intentan ingresar al país. Algunos se preguntan para qué debe crecer España si no habrá españoles que disfruten de esas ventajas y ven en las embarcaciones que llegan a la costa una especie de invasión bárbara.

    Según informaron las agencias de noticias internacionales, uno de cada cuatro nacimientos en España el año 2010 será de madre extranjera. Y eso preocupa especialmente a los sectores más conservadores. Asimismo, el informe del Instituto de Política Familiar (IPF) basado en estadísticas oficiales, detalla que la natalidad de las madres extranjeras se incrementó 569 por ciento en la última década.

    En este contexto, donde el temor de una España sin españoles se asoma como una amenaza apocalíptica, y el Gobierno español hará lo posible por revertir la tendencia. En lo que va del año ha repatriado a más de 25.000 inmigrantes que habían entrado de manera ilegal. Lo que se cuestiona entonces es un problema de identidad: ¿España para quién?

    La identidad nacional también está presente en los debates de intelectuales y políticos franceses desde que el presidente Nicolás Sarkozy creó el ministro de Inmigración, Identidad Nacional y Codesarrollo. El organismo está a cargo de Brice Hortefeux y los objetivos fijados para los próximos cinco años incluyen reducir a la mitad la inmigración económica y un tercio el número de pobres.

    Entre sus proyectos, el ministerio se plantea seleccionar a los inmigrantes según ciertos criterios, entre ellos el origen geográfico, tal como le detalló Sarkozy a Hortefeux. Antes de pensar en integración, se fijó un objetivo de 25.000 expulsiones para el año 2007. La cifra no pudo ser alcanzada el año pasado, cuando 24 mil extranjeros fueron acompañados a la frontera.

    La creación del ministerio fue criticada por intelectuales franceses quienes vieron en el nombre del organismo una contradicción enorme: tratar en conjunto la identidad nacional y la inmigración, implica, según los teóricos, una idea negativa y opuesta de ambos, la sensación de que se debe proteger la identidad francesa de la inmigración.

    Es que entre los requisitos que deben cumplir los extranjeros para ser aceptados, además del pasaporte, el certificado de residencia y otros tantos papeles sobre matrimonio, hijos e ingresos, los extranjeros deben hablar el idioma nacional. Para ser francés habrá que comunicarse en francés y todos aquellos analfabetos son discriminados. Desde el principio porque no podrían llegar, según estos criterios, a ser “buenos franceses”.

    Los extranjeros también pueden nacionalizarse utilizando el “reagrupamiento familiar”, aunque sólo 17.000 personas en 2005, y 9.000 en 2006, obtuvieron la residencia mediante este procedimiento. Lo mismo sucede con el “contrato de acogida e integración”, porque mientras se otorgan 100 mil por año, las autoridades firman anualmente unas 70.000 órdenes de expulsión. Eso sí, entregan una ayuda de hasta 5.000 euros para el que quiera volverse “de forma voluntaria”.

    El caso de Alemania no escapa al problema de la identidad nacional y las oposiciones. Días pasados, el proyecto de construcción de una las mayores mezquitas en la ciudad de Colonia, ha reactivado el debate sobre la integración de los extranjeros. La ciudad cuenta ya con 12 por ciento de musulmanes que, al igual que los cristianos y los judíos en iglesias y sinagogas, desean profesar su religión en un templo acorde a sus tradiciones.

    Las autoridades eclesiásticas locales se amparan en “la opinión pública” para decir que es el pueblo alemán quien no quiere ver mezquitas en pleno centro de la ciudad. Al parecer, asusta que algunos turcos no hayan aprendido nunca el idioma y que quieran practicar su religión en un lugar propio.

    El miedo se crea por oposición a un nivel de vida distinto. Al igual que en España, en Alemania existe un gran temor ante la expansión del Islam. A esto se le suman los inmigrantes provenientes de los países que se integraron recientemente a la Unión Europea, especialmente Rumania.

    La llegada de extranjeros a Alemania no es nueva, desde hace más de cien años hay trabajadores de otros países que viven en el territorio. Pero la concepción con respecto a los mismos ha cambiado a lo largo de la historia, principalmente cuando la brújula del crecimiento económico tiene dificultades para encontrar el norte.

    En los años cincuenta, a los extranjeros se los llamaba Gastarbeiter –“trabajadores invitados”- cuando la producción industrial alemana se mantenía con la ayuda de prisioneros de guerra. La inmigración era beneficiosa para todos: las empresas podían seguir el ritmo del crecimiento y el gobierno recibía contribuciones extra por los pagos de los seguros de vejez.

    Ahora, con la paranoia que se creó a nivel mundial después de los hechos del 11 de septiembre de 2001, el Gastarbeiter ya no es bienvenido, menos aún si es turco y profesa el islamismo. Los alemanes alegan que temen la formación de fundamentalismo, aunque es curioso el método que pretenden utilizar: evitar el “fundamentalismo” (islámico) promoviendo los valores nacionales, pero sorteando el crecimiento del neonazismo.

    “Cuando los jóvenes no tienen perspectivas caen fácilmente en las manos de `cazadores de ingenuos`, sean fundamentalistas religiosos o ultranacionalistas que les ofrecen soluciones demasiado fáciles pudiendo así instrumentalizarlos”, aseguró en una entrevista Lale Akgün, parlamentaria socialdemócrata.

    Mientras, son 15 millones los extranjeros y personas con antecedentes migratorios que viven en Alemania. La mayoría de ellos son turcos y se muestran en contra de las políticas implementadas desde el gobierno nacional. En julio, agrupaciones como la Comunidad Turca en Alemania, la Unión Turco-Islámica del Centro para la Religión, el Consejo de Alemanes de Procedencia Turca y la Federación de Asociaciones de Padres Turcos pidieron al Estado que cambie la nueva ley de migración que acaba de ser aprobada por los órganos legislativos y que endurece algunas condiciones a los extranjeros que quieren emigrar para residir en el país.

    Los requisitos son los mismos que en Francia: hablar el idioma, con el fin de que puedan integrarse en la sociedad alemana. Para ello se destinará una suma de 750 millones de euros anuales, en otra muestra de que los gobiernos de los países europeos siguen buscando soluciones e invirtiendo millones de euros en políticas de integración que no dan resultados.

    Según el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sólo durante el mes de junio 77 personas perdieron la vida y 133 desaparecieron intentando llegar a Europa. El verano hace que se multipliquen los intentos de inmigrantes clandestinos de llegar a las costas europeas en busca del sueño europeo, la sociedad del bienestar que tantas veces han visto a través de los medios de comunicación.

    El problema de fondo sigue siendo el mismo: la incapacidad de la economía para generar suficiente empleo y eso, no hay identidad ni idioma que lo pueda solucionar.

    (APM)

 

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