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   Sábado, 18 de Noviembre de 2017
Opinión 
Edición: 1079 - Fecha: 25 de Jul, del 2007
Desigualdad educativa y la herencia neoliberal

Argentina pone de relieve la urgencia de implementar políticas de redistribución de los bienes económicos y culturales. Es más grande la desigualdad que la pobreza.

     ¿Qué es lo que hace que un país sea pobre? El problema no es la inexistencia de recursos, sino que los mismos se encuentren desigualmente distribuidos, y esta desigualdad existente nos hace cuestionar.
Pero, ¿podríamos pensar en la formación de miles de pequeños ciudadanos argentinos, que asisten a una educación de régimen estatal, común e igual a todos?

    La hegemonía del pensamiento neoliberal-neoconservador en Argentina ha desarrollado una serie de políticas que han tenido efectos terribles en la sociedad.

    Entre ellos, el aumento y la instalación de la pobre¬za y la indigencia, las que ocurrieron en for¬ma paralela al crecimiento de la ri¬queza de unos pocos. Mediante una violenta redistribución regresiva de los ingresos las mayorías perdieron bienes y posibilidades, mientras la acumulación crecía en el otro extremo de la escala socioeconómica.

    Esta situación, que actualmente transitamos, posee su origen en las políticas de los últimos 30 años, pero que en los noventa mostraron su mayor crudeza: el ajuste estructural, la apertura indiscriminada de la economía, la preeminencia de la inversión financiera sobre la productiva, el crecimiento de la deuda externa y la estatización de la deu¬da privada; las privatizaciones frau¬dulentas y la falta de inversión en infraestructura y vivienda social.

    En este marco coyuntural una de las áreas más afectadas por la desigualdad social ha sido la escuela pública.

    En educación es¬to se traduce en la acentuación de las diferencias entre quienes cuen¬tan con los medios para acceder a las mejores oportunidades y los que tienen la suerte de acceder a algu¬na.

    Las escuelas públicas, en general, son identificadas en la práctica con escuelas de baja cali¬dad, escuelas para pobres. En esta situación se visualiza la continuidad de las políticas de redistribución ne¬gativa de los bienes materiales y sim¬bólicos, ya que las escuelas a las que concurren los sectores más desfavo¬recidos dan vergüenza, cuando merecerían ser instituciones pensadas para facilitar los procesos de apren¬dizaje, contando con los mejores maestros y directivos, como también construcciones edilicias idóneas y equipamientos.

    El derecho a la educación con¬sagrado en la Constitución Nacio¬nal se encuentra, en la práctica, condicionado por el poder adquisi¬tivo de la familia.

    Para revertir esta nefasta herencia del pensamiento neoliberal naturalizado en los ‘90 se requiere una tarea vasta, que implica la actividad conjunta de la comunidad y del ámbito legislativo.

    Para paliar esto se ha dado un paso de suma importancia con la sanción de la Nueva ley de Educación Nacional, aprobada por el Congreso de la Nación el 14 de diciembre de 2006.

    Los contenidos estructurales de esta Nueva Ley de Educación se encuentran orientados a resolver los problemas de fragmentación y desigualdad que afectan al sistema educativo y a enfrentar los desafíos de una sociedad en la cual el acceso universal a la educación de buena calidad es requisito básico para la integración social plena.

    Este proceso de reforma educativa se sustenta bajos dos grandes ejes, expresada en la calidad y la igualdad para resolver con ello situaciones de marginación, injusticia, estigmatización y otras formas de discriminación, y brindar las condiciones necesarias para que todas las alumnas y los alumnos logren aprendizajes comunes y de buena calidad.

    El ministerio de Educación, inspirado en el principio de la igualdad, ha formulado e implementado políticas compensatorias -“planes asistenciales”- destinadas a compensar las desigualdades económicas existentes, tanto entre distintas regiones del país como en el interior de cada una de ellas.

    Las políticas compensatorias se orientan por dos criterios importantes para la implementación de los mismos y ellos son: la focalización y la priorización.

    Se requiere de la focalización para identificar los sectores sociales más desfavorecidos y concentrar en ellos las acciones y los esfuerzos presupuestarios.

    El criterio de prioridad es un complemento para orientar los recursos destinados a la atención de determinadas problemáticas, de manera sostenida en el tiempo.

    Las políticas compensatorias inauguran una nueva modalidad en las escuelas, que es la “inclusión” o “intervención” de los sectores socialmente desfavorecidos, y de ese modo confiesa el fracaso de la utopía integradora que impulsó el nacimiento del sistema educativo moderno: “Educación de calidad para una sociedad más justa”.

    Las políticas educativas pretenden eliminar la fragmentación y la desigualdad de nuestra sociedad, considerando como estrategia clave el logro de la igualdad en Educación.

    Conseguir el acceso de toda la población a la educación básica es un primer paso para avanzar hacia una mayor equidad, pero que sólo será realmente efectiva cuando se asegure la verdadera igualdad de oportunidades y cuando la calidad de la educación sea para todos y no sólo para algunos pocos.

    (APM)

 

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