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Opinión 
Edición: 1031 - Fecha: 16 de May, del 2007
Cosas que no marchan bien

La puja electoral prematura, como siempre ocurre en la Argentina, también en estos tiempos, ejerce una perniciosa influencia en el desarrollo de la sociedad.

     El país parece no salir nunca de las competencias y rivalidades entre dirigentes, entre partidos o entre sectores, y no encuentra el espacio necesario para las reformas de fondo, indispensables, que enriquezcan la vida de los ciudadanos.
La responsabilidad mayor en ese fenómeno le cabe a quienes conducen el Estado.

    Mientras en la ciudad de Buenos Aires, en varias provincias, y en la Nación, se dirimen las pujas entre los futuros candidatos, la mayoría de ellos ni siquiera aún inscriptos como tales, deja peligrosamente en un último plano el análisis y la resolución de los verdaderos problemas que padecen los argentinos.

    Mientras en Santa Cruz se dirime con balas de goma, agresiones personales y cambios de gobierno que ofenden la institucionalidad, una crisis política que estalló ahora, pero que llevaba años de incubarse, el país cotidiano afronta situaciones que alteran la vida diaria de las personas.

    Detrás de todos los fenómenos que hoy molestan a los ciudadanos comunes empuja la falta de respeto a la ley, de normas que logren concordancia en la vida de una democracia, y por ende, de encuentros entre sectores y el Estado en busca de mejorar la vida.

    La distracción de la cosa de todos los días que revelan los gobernantes puede tener consecuencias inesperadas en las próximas pruebas electorales.

    Mientras en las cúpulas los dirigentes se ocupan en cruces verbales cada vez más agresivos, en las calles aumentan a niveles inconcebibles los accidentes de tránsito, crece el delito basado en una dejadez criminal en el combate contra el avance del narcotráfico en el país, aumentan los precios en los supermercados revelando también la falta de políticas adecuadas para contenerlo, y la ilegalidad que campea con mayor impudicia en la sociedad, como lo demostró por ejemplo, el fatal incendio de una fábrica de aerosoles en el conurbano bonaerense.

    Mientras los políticos se pelean, la gente muere: en sus casas, atacados por delincuentes, en accidentes, en las fábricas donde trabajan, en las que no existe el menor control sobre su funcionamiento, en los geriátricos que se incendian, en las escuelas donde los alumnos son agredidos por otros alumnos, en fin... la lista, desgraciadamente, es hoy interminable sobre las cosas que andan mal en el país.

    En el poder no parece advertir esa realidad, como si viviera en otra dimensión. El fenómeno de la inflación tuvo una penosa respuesta en la designación de un secretario de Comercio Interior que se hizo más famoso por sus peleas y desplantes que por su habilidad en lograr un acuerdo con los formadores de precios.

    ¿Hasta cuándo los consumidores tolerarán la rapiña a sus bolsillos que padecen cada vez que van a comprar alimentos para sus familias? Parece que el tema tampoco ocupa las agendas de cuestiones más urgentes.

    ¿Hasta cuándo seguirán funcionando establecimientos en el país en los que mediante el pago de coimas a quienes deben ejercer el control, se liberan de cumplir con los requisitos indispensables y terminan causando muertes, como pasó en Cromañón y en otros tantos locales nocturnos, como ocurrió en este fin de semana una vez más en un geriátrico, o como en esa fábrica que estalló llevándose la vida de seis personas?

    ¿Hasta cuándo las calles de las ciudades seguirán siendo centros de salvajismo en los que la falta de respeto a la vida del otro parece ser la nueva ley de esta selva en la que se han convertido?

    Mientras tanto la opinión pública se sorprende y sigue con avidez la evolución de crisis político institucionales como la que hizo explotar a la provincia de Santa Cruz.

    Lo que ocurrió en ese estado provincial, que además no es muy diferente a otros conflictos que hicieron eclosión en otras latitudes del país, es como la frutilla en el postre que deja desnuda la realidad de una sociedad en la que no se respetan las reglas institucionales y democráticas y todo se reduce a una lucha por el poder.

    Para el presidente Néstor Kirchner la eclosión en su territorio debería ser un serio llamado a la reflexión, y no un motivo más para agitar los fantasmas de la desestabilización que tanto gusta convocar.

    Lo que pasó en Santa Cruz no es más que la expresión de una sociedad que sigue enferma porque sus dirigentes no se deciden a tomar el lugar para el que fueron elegidos: el de manejar la cosa pública para lograr la armonía y el bienestar de los gobernados, y no para el beneficio propio o de su sector político, como se demostró allí y antes, en otras provincias.

    Argentina tuvo un quiebre en el 2001 que aunque terriblemente doloroso, abrió la esperanza de ser un acto fundacional para la nueva política que la gente reclamaba y que los dirigentes decían haber decidido abrazar de una vez por todas.

    Pero no lo hicieron ni los partidos políticos de la oposición ni el gobernante. Todos siguieron actuando como si aquí nada hubiese ocurrido, y la trágica consecuencia es que las cosas comunes, de todos los días, están mal. Si no se miran, si no se atienden y no se curan a tiempo, nada estará escrito sobre el resultado de los próximos comicios. Los costos políticos se pagan, tarde o temprano. La gente se los cobra. La gente que es víctima del desmanejo de quienes detentan el poder de gobernar, y que se distraen imperdonablemente de la misión esencial que les encomienda el sistema democrático.

 

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