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   Domingo, 19 de Noviembre de 2017
Opinión 
Edición: 974 - Fecha: 20 de Feb, del 2007
El problema de la seguridad

(Dellutri) / Un comerciante enardecido sale con su arma, gatilla contra un delincuente y mata, involuntariamente, a una vecina.

     Es el último caso de justicia por mano propia, una modalidad que comenzó con el caso del Ingeniero Santos cuando mató a dos delincuentes porque le robaron un pasa casetes. Estos casos, y todos los que seguramente se producirán en el corto plazo, hay que enmarcarlos dentro del contexto de inseguridad en que vive nuestro país, sin que esto signifique justificarlos.

    Vivimos cotidianamente la zozobra de la inseguridad. Durante el año 2005, últimas cifras relativamente confiables, los argentinos sufrimos 1.200.000 delitos según el Ministerio de Justicia. A esa cifra hay que, por lo menos, triplicarla porque la mayoría de los delitos no se denuncian. El argentino medio sabe que denunciar un delito, a menos que haya un seguro de por medio, no conduce a nada y le hace perder tiempo solo para engrosar las estadísticas. Además en las comisarías se encargan de desalentar las denuncias – y doy fe de lo que estoy diciendo porque es lo que me sucedió – cuando el damnificado no está asegurado, seguramente para ahorrarse trabajo y bajar las estadísticas locales. Dentro del mapa delictivo del país la Provincia de Buenos Aires lleva la delantera: Es la que más alto porcentaje de ilícitos registra.

    Como consecuencia la seguridad privada, un negocio suculento, sigue creciendo. Según la Cámara Argentina de Seguridad están registrados como policías privados aproximadamente 150.000 personas. A eso hay que sumar otros 200.000 que no figuran en la listas por lo que la cifra treparía a 350.000. Un verdadero ejército parapolicial.

    Evidentemente el poder de policía, que es exclusivo del Estado, está siendo lentamente delegado a instituciones privadas, aunque se empeñen en negarlo, porque la seguridad estatal está colapsada. Pero no todos pueden acceder a la seguridad privada y por lo tanto una gran masa de la población está librada a su suerte.

    En este marco está inserto el hombre común, que no vive en un barrio privado, tiene un pequeño comercio o un modesto empleo y es asaltado por enésima vez. No tiene un seguro que lo cubra, ni reservas económicas por lo que cada robo significa que una parte de su esfuerzo y de su lucha se la lleva un mal viviente, que casi siempre tiene un frondoso prontuario y entra y sale de la comisaría o la cárcel, al amparo de una legislación defectuosa que le da mayor protección al delincuente que al hombre honesto y trabajador. Entonces, ante su indefensión, decide asumir su propia defensa y compra un arma.

    El Estado, a través de los medios, le dice permanentemente que no lo haga porque es peligroso. Pero es un mensaje esquizofrénico, porque no hace nada por defenderlo y teoriza contra la mano dura, los derechos humanos y las garantías, que siempre terminan beneficiando al delincuente. Por lo tanto, ese hipotético hombre común, decide defenderse por cuenta propia, no porque sea un matón o un maleante, sino porque no encuentra otro camino.

    Esa actitud de tomar la justicia por mano propia, tan criticada, no es más que el testimonio de que con tanta teoría y tan poca eficacia hicieron que el pacto social se rompiera. Ese empleado al que le roban reiteradamente lo poco que pudo ganar trabajando doce horas o quince horas por día y ese pequeño comerciante que está luchando a brazo partido por mantenerse a flote frente a los embates de los shopping y supermercados que lo quieren aniquilar, sienten que el Estado lo abandonó. Y están en lo cierto, porque la única verdad es la realidad.

    Por lo tanto asume su propia defensa y escucha el grito de los que se asustan y lo acusan porque “si todos hacen lo mismo a donde vamos a parar”. Lo malo es que ambos tienen sus razones: el que se defiende por cuenta propia porque nadie lo protege, y el que grita arguyendo que ese no es al camino.

    ¿No habrá llegado la hora de que el Gobernador Solá deje de hacer campaña y el Ministro Arslanian deje de teorizar y de una vez por todas admitan su fracaso y se aboquen al problema con criterio, cámbienle rumbo o dejen el lugar a otros con mayor capacidad?

    Por Salvador Dellutri

 

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