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Opinión 
Edición: 868 - Fecha: 1 de Sep, del 2006
El lado oscuro de la cooptación

Nunca como en la actualidad pudo observarse con tanta claridad el entramado de alianzas políticas elaborado desde el oficialismo está tan directamente condicionado por el esquema de relaciones financieras entre la Nación y provincias.

     Por estos días, en coincidencia con las definiciones de varios gobernadores e intendentes de la mayor parte del país en favor de sumarse al conglomerado kirchnerista, las cuentas públicas muestran un punto de divergencia que explica con absoluta claridad las razones de esos virajes políticos: mientras el gobierno nacional consolida su superávit fiscal, el conjunto de las provincias ya sabe que cerrará el año con déficit financiero y que en 2007 el rojo también llegará al resultado primario.

    Dos situaciones contrapuestas que llevan en sí mismas las respectivas posiciones de fortaleza y debilidad, no solo de cara a las elecciones del año próximo, sino para la administración cotidiana de cada jurisdicción: si la falta de correspondencia entre la recaudación y el gasto condicionaron históricamente las posibilidades de autonomía política de las provincias, el actual manejo discrecional de las transferencias torna virtualmente imposible gobernar sin el apoyo de la Administración del presidente Néstor Kirchner.

    Es que el superávit nacional y el déficit provincial no son el resultado de una gestión eficiente y austera por un lado y veinticuatro derrochones impresentables por el otro. Por el contrario, el esquema impositivo vigente no podría tener otro resultado y quien lo conozca en detalle podrá darse cuenta de que la holgura fiscal que las provincias tuvieron los últimos tres años fue una excepción sostenida por uno de los más brutales ajustes salariales de la historia.

    Por lo pronto, vale tener en cuenta como punto de partida una de las falencias básicas del modelo fiscal argentino, como es la falta de correspondencia entre la recaudación y el gasto. "Mientras las provincias sólo reciben el 29 por ciento de los recursos tributarios totales, deben afrontar más del 47 por ciento del gasto público primario consolidado", advierte al respecto la consultora Economía & Regiones. La otra cara de la moneda es obvia, ya que el Gobierno nacional cuenta con más del doble de recursos para afrontar un gasto prácticamente similar.

    En abril de 2001, durante la Presidencia de Fernando de la Rúa, el ministro Domingo Cavallo dio el puntapié inicial de este proceso al reinstalar el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Al año siguiente, devaluación mediante, Eduardo Duhalde y sus ministros Jorge Remes Lenicov primero y Roberto Lavagna después implantaron las retenciones a las exportaciones. Los dos impuestos le otorgaron al Gobierno nacional una formidable herramienta de recaudación sin la obligación de tener que coparticiparla con las provincias.

    Hoy, Kirchner y Felisa Miceli pueden comprobarlo: sin el concurso de esos dos tributos, 2005 no habría terminado con un superávit de 19.600 millones de pesos sino con un déficit de 2.200 millones. En el mismo lapso, las provincias mantuvieron la misma estructura impositiva de antes de la crisis, lo que significa que no vieron un centavo de toda esa voluminosa suma que representa nada menos que el 21 por ciento de los ingresos tributarios nacionales.

    Desde diversos sectores de la producción, especialmente la agropecuaria, se insiste con el reclamo en pos de una rebaja de las retenciones, aduciendo que el superávit le otorga al gobierno una ostensible holgura financiera. Más allá del interés particular de quienes hacen ese pedido, se parte de un análisis erróneo al considerar la situación exclusivamente desde el punto de vista económico, sin advertir el claro componente político del superávit. Sin él, el oficialismo no tendría capacidad operativa para convocar a sus filas a dirigentes de otros partidos. Renunciar a ese superávit representaría al mismo tiempo el fortalecimiento de las economías regionales y el suicidio político del oficialismo. Queda en la inteligencia del lector saber qué camino elegirá el gobierno nacional.

    Pero la estrategia de cooptación política va mucho más allá del superávit, para avanzar hacia el corazón mismo de la distribución de los recursos. Desde que en enero de 1988 se aprobó la ley de Coparticipación, una sucesión interminable de complementos terminaron por desdibujar un esquema que, con sus errores, al menos tenía la virtud de girar los recursos de manera automática e inmediata, sin importar el color político del administrador de turno.

    También hoy Kirchner puede comprobarlo: durante su gestión, tres de cada cuatro pesos de las transferencias de capital a las provincias no correspondieron a criterios preestablecidos sino que fueron absolutamente discrecionales. "La principal característica que tiene esta forma de transferencia de recursos es que pueden recortarse sin justificación alguna, aún en períodos de crecimiento de los recursos", vuelve a advertir Economía & Regiones.

    El tercer elemento de cooptación está estrechamente relacionado con los anteriores y fundado en la ya señalada falla de origen de la falta de correspondencia entre gastos y recursos. La inflación de los últimos dos años redundó en una mejora de la recaudación tributaria nacional (a precios más altos, más recaudación de IVA) pero también en un retraso salarial del sector público que se sumó al operado tras la devaluación de enero de 2002.

    Los dos factores (inflación y reducción del salario real) explican la conversión de las cuentas públicas provinciales de históricamente deficitarias a superavitarias. Pero la experiencia argentina indica que esas salidas son de un alcance muy corto. Más precisamente, tres años.

    La superación de ese problema también es un clásico de la historia económica argentina. Las provincias tarde o temprano tienen que aumentar los salarios del sector público, es decir deben valerse del 29 por ciento de los recursos para afrontar el 47 por ciento de los gastos... En términos relativos, lo que a la Nación le cuesta 100 a las provincias 217.

    ¿ Cómo se sale de ese cuello de botella, en un sistema que propende al superávit nacional y al déficit provincial, con transferencias discrecionales crecientes y una separación tajante entre el que recauda y el que gasta ?

    La respuesta se ve todos los días, acto público tras acto público, mediante un mecanismo mucho más sutil y contundente que portafolio con billetes envasados al vacío.

    Marcelo Bátiz

 

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