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Opinión 
Edición: 778 - Fecha: 21 de Abr, del 2006
Falta de credibilidad

(Dellutri)/Un grupo de vecinos de Gualeguaychú mantuvo cerrada la frontera durante semanas creando un conflicto internacional y acotando la acción del Ejecutivo y la Cancillería.

     ¿Puede un grupo de ciudadanos arrogarse el derecho de poner al país en el borde de la ruptura de relaciones con un Estado vecino? En una sociedad donde las instituciones gozan de prestigio y cumplen con sus obligaciones sería impensable que esto sucediera. Pero sucede en nuestro país porque existe una fundada desconfianza en las instituciones. Los vecinos de Gualeguaychú defendieron su actitud beligerante alegando que desde hacía tiempo estaban denunciando que la instalación de papeleras en el país vecino produciría un grave problema de contaminación que los afectaría. Como nadie los escuchaba pasaron de las palabras a la acción directa. Consiguieron que los medios se hicieran eco de su protesta, instalaran el tema en la opinión pública y obligaron así a la Cancillería a actuar. Para estos iracundos vecinos el camino elegido era la única posibilidad de ser oídos.

     Cada vez que se produce un hecho de sangre la primera reacción de los vecinos es unirse para hacer una marcha pidiendo justicia. La automática reacción demuestra que no existe confianza en las autoridades policiales y judiciales. Las marchas son una forma de colocar el tema en los medios para ejercer presión. Para estos ciudadanos marchar pidiendo justicia es el único camino que les permite sacudir la modorra de los funcionarios y neutralizar los efectos de la corrupción. Y por eso dan reiterados mensajes subliminales diciendo nosotros creemos en la justicia, que es una forma de advertirles a los responsables que no creen en la justicia pero que en esta ocasión no van a tolerar la inoperancia.

     Estos hechos indican que los mecanismos normales no funcionan y es necesario moverlos con acciones extraordinarias. A instituciones paquidérmicas, insensibles y corruptas sólo se las puede hacer reaccionar con la acción directa en la que se involucren los medios. Porque cuando los medios se hacen eco, los funcionarios tiemblan y se lanzan frenéticamente a la acción.

     Lentamente los espacios de discusión y negociación se han ido achicando. El descreimiento en la disposición y honestidad de los funcionarios hace que se abrevie el camino pasando directamente a la manifestación pública, justificada o injustificada. Y esta actitud se va extendiendo hasta límites increíbles: estudiantes haciendo manifestaciones por su frustrado viaje a Bariloche o jóvenes manifestándose en el obelisco para que permitan que una banda de rock pueda realizar un recital.

     Esta modalidad reactiva se ve justificada y reforzada por la realidad. Luego de la tragedia de Cromañón y ante la reacción popular se movilizaron los mecanismos de control y quedó al descubierto la inoperancia administrativa. Otro tanto sucede con los talleres ilegales con mano de obra boliviana que trabajan bajo un régimen de esclavitud. La tragedia de la calle Luis Viale movilizó al gobierno porteño que clausuró diez y ocho talleres. Estos dos ejemplos bastan para demostrar que la desconfianza popular está más que justificada. No puede el gobierno de un distrito tan acotado y de fácil relevamiento como la Capital Federal tener fuera de control a tantos establecimientos. Detrás se intuye un aceitado tramado de corrupción que vive amparado por el poder. Las manifestaciones populares ejercen la presión necesaria como para producir algún tipo de reacción.

     Sin embargo esto reviste sus aristas peligrosas porque estamos en una democracia representativa y, por lo tanto, quienes deben movilizarse son los representantes del pueblo. Ante del descreimiento generalizado el mandatario va perdiendo representatividad y el mandante crece en protagonismo. Pero el manifestante no se guía más que por su intuición porque no es un experto en derecho ni maneja los elementos de investigación necesarios para hacer justicia. Por lo tanto presiona bajo su impulso emocional y cuando pide justicia en realidad está solicitando que se condene según sus criterios y opiniones.

     En el caso de las papeleras de Fray Bentos es indudable que Uruguay no va a desistir del proyecto y llegará a un arreglo de control sobre el medio ambiente compartido con Argentina. Pero es difícil que esto satisfaga las aspiraciones de los manifestantes que están obcecados en abortar el proyecto. Lo mismo sucede en el caso de Cromañon donde ya la gente tiene a sus sentenciados y ejerce presión para que la justicia cumpla con el veredicto que ellos le imponen.

     Es peligroso que la emoción popular tome decisiones y dicte sentencia porque puede cometer graves e irreparables errores. Las instituciones y los representantes del pueblo están para evitar los desbordes emocionales y mantener racionalmente el equilibrio. Quienes ejercen la función pública tienen que esforzarse por volver a darles credibilidad. De ellos es la responsabilidad porque fueron quienes las desprestigiaron.

    Salvador Dellutri

 

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