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   Jueves, 23 de Noviembre de 2017
Opinión 
Edición: 2240 - Fecha: 26 de Sep, del 2014
Derecho a una vida digna

“La diferencia entre los políticos y los estadistas, escribió Sir W. Liley, consiste en que los primeros piensan en las próximas elecciones y los segundos en las próximas generaciones”. Asegurar la calidad de vida con todos los conocimientos científicos es una acción esencial del Estado. Esto es lo que se ha logrado en España con el Plan Nacional de Prevención.

     Por el contrario, imponer por ley una vida de sufrimiento e inhumanidad a las personas que nacerán con graves discapacidades, a sus familias y cuidadores; interferirse en las conciencias de las mujeres hasta violentarlas; no respetar su derecho a decidir en cuestiones tan personales, íntimas y decisivas para su vida como es la maternidad e imponérsela por decreto es propio de Estados totalitarios.

    Eso es lo que, en opinión de Federico Mayor Zaragoza, catedrático de universidad, ex Ministro de Educación y ex Director General de UNESCO y del Profesor Juan José Tamayo, filósofo y teólogo, hace el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, promovido por el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que acaba de presentar su dimisión como ministro, diputado y en el Consejo de Dirección del Partido Popular. Fue su reacción al retirar el Gobierno este proyecto ante la presión popular expresada en manifestaciones y sobre todo en las redes sociales de Internet, así como la indignación de profesionales médicos y un gran número de políticos y de militantes del propio PP en conciencia y ante el peligro de perder en las próximas elecciones.

    Ya en el Congreso sobre “Ética y medicina”, de 1987, Mayor Zaragoza defendió la necesidad de profundizar en conceptos como “personalización”, “individualización”, “embriogénesis” o proceso que lleva desde la fecundación al embrión, y la evolución de este al feto. Citaba a muchos profesores que, desde distintos ángulos, habían reflexionado sobre materias fronterizas y vidriosas, iluminando perfiles que no deben traspasarse sin conocer a fondo las distintas facetas y, en su caso, adoptar las medidas pertinentes.

    En 1991, a la vista de los excepcionales descubrimientos realizados para descifrar el lenguaje de la vida y alarmado por la posible tentación de predeterminar las características de seres humanos, Mayor Zaragoza, con el acuerdo de la Organización del Genoma Humano, creó un Comité Mundial de Bioética para analizar las múltiples dimensiones de una cuestión que suscitaba especial atención en todo el mundo. La Declaración fue aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1997 y refrendada por la Asamblea General de la ONU.

    Cada persona es única en cada instante, tanto desde el punto de vista biológico (mutaciones espontáneas y renovación celular) como intelectual. Cada ser humano es, en cada instante, distinto de cómo era en el momento precedente y lo será en el ulterior. La unicidad de cada persona alcanza de este modo su pleno y admirable relieve.

    A la conciencia, el compromiso social y la voluntad política hay que unir la competencia profesional. Las múltiples facetas que recubre un tema tan complejo (prevención, educación, rehabilitación, integración) requieren un planteamiento interdisciplinar, con una secuencia bien ordenada de acciones conforme a los criterios de prioridad que se establezcan.

    La primera operación es prevenir. Con la aplicación del conocimiento ya disponible podría evitarse un porcentaje de minusvalías superior al 50%, en el caso de enfermedades congénitas o adquiridas en las primeras etapas del desarrollo postnatal. Es en la prevención donde deben volcarse los esfuerzos y establecerse las estrategias que el conocimiento y la imaginación permitan para reducir sustancialmente el número de personas discapacitadas y permitir la mejor asistencia y cercanía a aquellas que no ha sido posible proteger.

    El primer derecho de toda persona con discapacidad es no serlo. Las medidas preventivas abarcan desde las disposiciones constitucionales (artículo 49 de la Constitución) hasta el asesoramiento genético, desde las vacunaciones antes de la fecundación hasta las determinaciones bioquímicas postnatales (con el Plan Nacional de la Prevención de la Subnormalidad de 1976 se ha reducido el porcentaje de subnormalidad infantil). Estos conceptos los expresaron en el documento “Clamor popular contra la reforma de la actual Ley del aborto” publicado hace ocho meses orientado a una campaña popular que impidiera la presentación del proyecto de Ley ante el Parlamento. Ha circulado por las redes sociales demostrando el poder de la sociedad civil cuando se moviliza.

    José Carlos García Fajardo
Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
Twitter: @GarciafajardoJC

 

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