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   Jueves, 23 de Noviembre de 2017
Opinión 
Edición: 2234 - Fecha: 30 de Jun, del 2014
Los buitres que supimos conseguir

Cómo explicar el momento de encrucijada económica que vive nuestro país después de la decisión del Juez Thomas Griesa de fallar a favor de los denominados «fondos buitres»? ¿Cómo explicarnos a nosotros mismos que si se cumple el fallo aparecerá una catarata de otros rapiñeros que ya habían aceptado acogerse al canje de deuda pero que los habilitaría a sumarse a la bandada? ¿Cómo explicarnos que la mayoría de esos buitres son argentinos que apostaron a que el país se caiga para ganar ellos? ¿Qué sindicar como culpable de nuestros males a un Juez no significa encontrar la raíz del problema actual?

     En un país que comenzó a mirar al pasado en cuestiones de Derechos Humanos, buscando y condenando a los responsables de la última Dictadura Militar, parece no avanzar de la misma manera con quienes fueron los artífices necesarios de los desbarajustes económicos – financieros que tienen en vilo a una población que no sabe cómo le va a afectar el bolsillo y que viene de sufrir una devaluación estrepitosa a principio de año.

    El hacernos cargo es lo que está en juego acá. El hacernos cargo de la deuda que el Estado (todos) tiene que pagar a los acreedores de la manera más convenientes posible para el país, es decir garantizando la estabilidad económica local. Y el hacernos cargo de los funcionarios de aquellos gobiernos que generaron esa deuda, ese efecto de bola de nieve que terminó llevándonos a un default.

    Por lo menos desde 1966, con el gobierno de Onganía, la deuda argentina existe y se fue incrementando año a año, teniendo su máximo incremento en la década del 90 cuando la Ley de Convertibilidad (que según Domingo Cavallo iba a ser un sistema exitoso y le pronosticó 30 años de vida) y el Consenso de Washingtón (un listado de políticas económicas ideadas por los organismos financieros internacionales y centros económicos) hacían estragos, sobre todo en los últimos tres años del gobierno menemista.

    No satisfechos con este problema, la Alianza que llevó a Fernando De La Rúa al poder, volvió a apelar al ex ministro de Economía –padre del 1 a 1- para que reviva a su criatura; sin embargo el Blindaje Financiero (conseguido por el entonces ministro de Economía José Luís Machinea) y el Megacanje (llevado a cabo por Cavallo), no tuvieron los resultados esperados y para que la bomba no estalle en las manos se recurrió a una medida desesperada que selló la suerte en helicóptero: el corralito.

    Caerle a Cavallo como uno de los máximos responsables parece justo e indiscutible, pero una sola persona no gana la guerra; el ex ministro tuvo el apoyo de un gobierno y de un Congreso que avaló un modelo económico que duró diez años y que perjudicó con marcas profundas al mercado interno y a parte de la sociedad sumergiéndola en la pobreza y a otra parte repitiendo (y añorando) el «deme dos» para llenar los carritos de los hipermercados.

    Muchos de esos responsables necesarios y anónimos que incluso llegaron a darle desde el Congreso los «superpoderes» a Cavallo y que la crítica lo caricaturizó como «el supermingo», siguen ocupando cargos en el gobierno o en la oposición, algunos llamándose a silencio para no quedar expuestos y otros cargando las tintas de la responsabilidad al pasado y destacando que «salimos del pozo que nos dejaron».

    El default anunciado por el presidente interino Adolfo Rodríguez Saá y aplaudido por troche y moche en la Cámara Legislativa sentenció la suerte del país; fue un crimen (uno más, la estocada final) para la sociedad. Sin embargo, los autores intelectuales y materiales de esa aberración contra la Patria gozan de buena salud e impunidad. Tal vez sería momento de considerar esos vejámenes contra el pueblo con la categoría de delitos de lesa humanidad para que sean investigados y condenados; y que finalmente los envíen a cárceles comunes.

 

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