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   Jueves, 23 de Noviembre de 2017
Opinión 
Edición: 274 - Fecha: 30 de Nov, del 2003
La criminalización de la protesta

Era viernes por la tarde. Por las grandes arterias de Buenos Aires se deslizaba ordenadamente el flujo de vehículos que transportaba a quienes terminaban su jornada laboral.

     Un piquete formado por una veintena de individuos cortó la Avenida Rivadavia a la altura de Carabobo y en pocos segundos se generalizó el desbarajuste. El tránsito se atascó y los conductores trataron de salir de cualquier manera de la congestión si respetar ninguna de las normas de transito. Entonces se generó un caos vehicular que derivó en malhumor, protesta y agresiones verbales.

    No es la primera vez que me detiene una protesta piquetera. En otras oportunidades quedé frente a grupos armados de palos y piedras, que con la cara embozada y en actitud amenazante no solo interrumpían el tránsito sino que intentaban sembrar el terror en quienes esperábamos.
El 21 de agosto pasado ocuparon la Plaza de Mayo y causaron graves destrozos que costaron miles de pesos en reparación y además robaron tablas de andamios de la Iglesia San Antonio de Loyola. Desde entonces las agresiones fueron en aumento.

    Con inusitada frecuencia cortan el Puente Pueyrredón y otros puntos neurálgicos de acceso pidiendo las cosas más insólitas y llegan a amenazar con tomar la Casa Rosada.

    Un movimiento de protesta legítimo en sus orígenes, fue copado en algunas de sus ramas por agitadores ideológicos violentos que aspiran a producir el caos. Estas ramas más radicalizadas y minúsculas se transforman en una horda de vándalos que viven a expensas de quienes financiamos con nuestro trabajo e impuestos sus actos delictivos.

    La protesta dentro de la democracia siempre es legítima, pero el acto criminal no puede ser legitimado. No hay excusa posible para que, dentro del estado de derecho, se proteste con la cara embozada, esgrimiendo palos y portando piedras. La primera acción del gobierno debe ser penalizar este tipo de acción intimidatoria que nada tiene que ver con la protesta. Caras embozadas, actitudes amenazantes y actos vandálicos se corresponden con la criminalidad.
Estamos ante los resultados de un asistencialismo indiscriminado, que otorgó beneficios sin pedir contraprestaciones. Por este camino se ha destruido la cultura del trabajo y ahora se están alimentando focos de delincuencia disfrazados de protesta que prometen llevar al país al caos.

    Como ciudadano estoy dispuesto a aportar con mis impuestos para aquellos desocupados que no consiguen trabajo, pero de ninguna manera quiero que mi esfuerzo sirva para financiar el vandalismo y la criminalidad.

    El asistencialismo clientelista - que nada tiene que ver con la solidaridad - genera estos resultados. Si se hubiera socorrido a los verdaderos desocupados, pidiendo una contraprestación sensata, durante un plazo razonable predeterminado y asistiendo al grupo familiar en su conjunto esto no hubiera sucedido.

    Pero los subsidios se utilizaron como herramienta política para comprar voluntades y obtener votos. Es así como hay grupos familiares que reciben hasta cuatro o cinco subsidios. Estos individuos van a resistir permanentemente la reinsersión en el mercado laboral, pero están dispuestos a presionar en todas formas sobre el gobierno para acrecentar las dádivas.

    Mientras tanto el gobierno, queriendo defender su popularidad e imagen progresista, actúa con extrema debilidad y esto lo aprovechan quienes quieren erosionarlo. En este juego de "tira y afloja" los que formamos la gran mayoría que sostiene al Estado con sus impuestos quedamos en el medio.

    Es hora de clarificar las cosas: La manifestaciones de protesta son válidas, pero el derecho a protestar termina donde comienza el derecho de los que necesitan circular y trabajar con libertad. Y los actos vandálicos deben reprimirse con toda la fuerza de la ley.

    Salvador Dellutri

 

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