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Opinión 
Edición: 1825 - Fecha: 19 de Ene, del 2011
Nadie paga nada

Tal vez esta sí sea una “sensación”. Y no vamos a meternos en “tecnicismos” judiciales ni a intentar explicar por esa vía lo que la gente escucha o ve en los medios y analiza desde su perspectiva.

     La vida vale muy poco. Y pagar un homicidio es muy barato. La impunidad, si se la espera, llega más temprano que tarde.
Ya sea por buena conducta, la ley del dos por uno (por la cual se computa doble cada día que un delincuente pasa detenido sin sentencia firme, fue derogada en 2001 pero todavía sigue vigente en los casos anteriores a la modificación), o falencias en el proceso judicial, delincuentes –y asesinos- recobran su libertad y vuelven a la sociedad sin purgar la pena que fija el Código Penal.
Indignación es lo menos que provoca en aquellos que pelearon para que sus familiares –las víctimas- tuvieran Justicia.
No se olviden de Cabezas. El caso de José Luis Cabezas fue emblemático para nuestra profesión. Cualquiera de nosotros podríamos haber estado en su lugar, sus homicidas fueron condenados a cadena perpetua. Creímos que se hizo justicia, pero cuando el caso está públicamente cerrado, vuelve a ser noticia la novedad –denunciada por la hermana del fotógrafo-: los principales condenados, junto con los cuatro hombres denominados “los horneros”, los ex policías Sergio Cammaratta y Aníbal Luna, condenados a perpetua resultaron beneficiados por una reducción de las penas y los efectos de la denominada “ley del dos por uno”, gozan de la libertad y, los dos últimos, trabajan para una empresa de seguridad en la misma ciudad donde cometieron el crimen, apenas 14 años después.
También el cabecilla de esa banda (instruida por Gregorio Ríos, jefe de custodia del fallecido empresario postal Alfredo Yabrán), el ex policía bonaerense Gutavo Prellezo, condenado también a perpetua, desde hace 3 meses cumple su pena pero con arresto domiciliario en la casa de su padre, un beneficio otorgado por la Justicia por razones de salud.
Periodistas y reporteros víctimas componen una larga y lamentable lista, pero también existen situaciones similares en otros casos.
Un abuso. El caso del Padre Grassi, a quien en el proceso la Justicia condenó a 15 años de prisión por abusar de un menor de edad. Tras una cuestionada maniobra judicial, la Cámara de Garantías de Morón decidió que no le corresponde abocarse al tema. El fiscal y los abogados querellantes, que pretenden que el sacerdote cumpla su condena, deberán presentar un nuevo planteo. El trámite podría demorar, al menos, hasta el año próximo.
Grassi fue condenado por el abuso sexual y la corrupción de un adolescente el 10 de junio de 2009. Entonces, el Tribunal Oral Nº 1 de Morón resolvió mantenerle el privilegio excepcional de aguardar en libertar la confirmación –o no- de su propio veredicto. A esa altura, el proceso judicial ya llevaba casi una década.
El viejito. El odontólogo Ricardo Barreda fue condenado en 1995 a reclusión perpetua por asesinar a escopetazos en 1992 a su esposa Gladys, de 57 años; a su suegra Elena Arreche, de 86; a sus hijas Cecilia y Adriana, de 26 y 24, en la casona que compartían en pleno centro de La Plata.
Tras pasar casi 16 años detenido, el 23 de mayo de 2008 fue beneficiado con una morigeración de las condiciones de detención y pasó a cumplir arresto domiciliario en un departamento de la ciudad de Buenos Aires en el que vive junto a su nueva pareja. Barreda, para los peritos, ya es “un viejito”…
La mano derecha. Hugo Sosa Aguirre, o mejor dicho “La Garza”, la mano derecha del líder de la superbanda liderada por “El Gordo” Valor fue condenado en abril de 2003 a reclusión perpetua, cuando un tribunal de Morón lo halló culpable de los homicidios de dos custodios y cinco golpes a bancos. Y sentenciado también a 20 años por formar parte de la banda que asaltó un blindado en La Reja y mató a un policía bonaerense. Fue filmado en 1994 escapando de la cárcel de Devoto junto a Valor y tres cómplices más (años antes había hecho lo mismo del penal de Rawson).
En noviembre del 2006 la Sala I de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires le otorgó el beneficio de la excarcelación por la aplicación de la ley del dos por uno, que computa doble cada día que un acusado pasó en la cárcel sin condena firme.
Es evidente que existe una falla y no somos nosotros quienes debemos señalar su causa. Sí cumplimos en reflejar sus consecuencias que la padece el vecino común, ése que va a trabajar todos los días y que se entera por los medios de los beneficios que día a día ganan los delincuentes.
No decimos que la Justicia y la Policía no cumplen su rol, no nos mal interpreten, decimos que existe la sensación de falta de Justicia y que la vida vale poco cuando estas noticias trascienden. Eso es lo que el vecino, hoy por hoy, comenta. “Nadie paga nada”. ©ALN

 

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