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   Sábado, 18 de Noviembre de 2017
Opinión 
Edición: 1770 - Fecha: 5 de Oct, del 2010
Ley de Medios: Justicia bajo presión

Los grupos de poder, como factores de presión de los gobiernos, han existido siempre desde que el hombre se propuso organizarse en sociedad.

     Gobernar no se trata simplemente de lograr un resultado favorable en las urnas para luego aplicar el plan de acción contenido en el programa electoral. Muchas veces quien gobierna recibe la influencia de personajes influyentes, generalmente grupos, desde el seno mismo del gobierno o desde afuera, con tanta importancia, que debe hacer caso a sus reclamos. Aquí no descubrimos nada y que no se proclame a los cuatro vientos no significa que ninguno de nosotros no sabe o no presupone de su existencia.

    Son aquellos conjuntos de individuos que presionan de tal modo en la política legislativa, administrativa y jurídica de un país que obtiene reformas en base a sus propuestas. No son en beneficio de un sector en particular, sino de carácter general. Pretenden soluciones para su sector, y desaparecen o no continúan presionando una vez obtenidas sus metas, salvo que aparezca otro reclamo, caso en que vuelven a la acción para obtenerlo.
Pueden serlo un organismo constitucionalmente previsto, como la iglesia o las fuerzas armadas, o ser empresas multinacionales, o grandes empresas de comunicación, los intelectuales o los fuertes sindicatos.

    Ya en la víspera de la Revolución Francesa, la burguesía se manifestó como un factor de poder, cuando presionó directamente sobre el soberano obligándolo a convocar a los estados generales. Si bien tenía un proyecto de reivindicación de clase su plan no se detuvo allí, teniendo tal intensidad su fuerza, que terminó con el absolutismo monárquico.

    El presidente Raúl Alfonsín sufrió la presión de la CGT, que determinó su caída. La iglesia católica actuó como factor de poder en Uruguay al impedir la sanción de la ley del aborto. El Fondo Monetario Internacional actuó en esa calidad imponiendo su política económica en América Latina, a cambio de la refinanciación de la deuda externa.

    En los últimos años, el Grupo Clarín recurrió a medidas cautelares como una estrategia para frenar decisiones del Congreso y del Gobierno nacional. Así lo hizo con la ley de medios, la fusión de Multicanal y Cablevisión, el aumento de la televisión por cable, la disposición para que Papel Prensa venda a un precio igualitario, la grilla de canales de televisión por cable y, en forma reciente, con la resolución 100 del Ministerio de Planificación Federal sobre Fibertel. Y, aunque en la mayoría de los casos perdió el juicio en instancias superiores, ganó tiempo.

“Una cautelar que suspende la vigencia de toda una ley con efectos generales para toda la población, es incompatible con el control concreto de constitucionalidad de las leyes, la división de poderes y la razonabilidad”, manifestó la Corte Suprema de Justicia de la Nación al levantar la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que había dispuesto la justicia federal de Mendoza, en primera y segunda instancia.

Respecto de la nueva medida cautelar sobre la desinversión planteada en la Ley de medios, el panorama que tiene la Corte es este: el Estado presentó un recurso extraordinario contra la cautelar que tiene Clarín, concedida por la Cámara Civil. Aquí ya hay una excepción y es cuando la Corte decide que hay «gravedad institucional», por ello –y sólo por eso- puede revisar una cautelar como la que tiene Clarín a su favor. Ese es el motivo de la presión –mediática porque esos son los instrumentos que tienen- sobre el Poder Judicial.

    Son muchos quienes opinan sobre este tema, que exige conocer el basto espectro del derecho. Así es como nos encontramos con el Dr. Gustavo Arballo que invita a la discusión de distintos temas en su blog de internet desde hace cinco años y donde también tocó este tema pero de una manera muy gráfica.

    “Analogías hay muchas, vamos con esta que puede andar. Supongamos que yo tenía un zoológico instalado bajo una ley de zoológicos. La ley es vieja y en algún momento cambia por presiones de PETA, Greenpeace, la Fundación de Sabsay y gente así. Me obligan a adecuarme a una nueva ley en el plazo de un año.

    La nueva ley me cambia el esquema. Ofrecía paseos en elefante, ahora no lo voy a poder hacer. Prohíben la riña de perros, no me importa porque no lo hacía. Me aplican la cláusula Noé por la cual prohíben que tenga más de una pareja de cada especie y tengo que salir a vender un montón de leones y monos tití. Me obligan a tener un 50 % de animales autóctonos, que no es mi idea del plan de negocios, yo quiero que haya fauna exótica. Dicen que los animales no pueden ser molestados mucho tiempo, así que el zoo sólo puede abrir un par de horas por día. Me obligan a que los empleados sean veterinarios, y a que haya uno por cada jaula. Me obligan a anotar en un registro todos los nacimientos y transferencias de animales. Me impiden instalar más de un zoo en cada ciudad. Etcétera.

    El punto a donde voy es este: algunas de esas cláusulas pueden ser razonables, otras son discutibles, algunas afectan gravemente el negocio, otras no. Es evidente que hay que ver su impacto plausible caso por caso, pero también, digámoslo, ponderar sus respectivas justificaciones. Lo que sería absurdo es que meta todo posible agravio en un paquete y pida una cautelar suspendiendo el plazo de adecuación.

    Del mismo modo, el grupo que promovió la cautelar tiene una amplia constelación de licencias. En ese pequeño universo, a pesar de girar en torno al mismo titular, hay una amplia diversidad de casos distintos. Por tal razón, el juzgamiento de su afección «en paquete» y «a libro cerrado» es improcedente y por eso la cautelar que pide debe ser revocada”, opinó el letrado (en http://www.saberderecho.com).

    Más allá de si éste profesional del derecho está de acuerdo o no con la ley sancionada, nos muestra el camino que debería seguir la norma, que hasta el momento tiene su paso entorpecido por un grupo económico de poder que se adueñó de una gran mayoría de canales de información desde donde pretende manipular a la opinión pública. Tan enceguecido e insostenible está en su propósito éste grupo presentó una medida cautelar cuando no había ni siquiera reglamentación y, por lo tanto, nadie había podido intimar al cumplimiento de nada. .La Corte Suprema debería revocar sin pronunciarse sobre la procedencia de éste intento por ser prematuro, y que en todo caso sea nuevamente en primera instancia se la analice si con la reglamentación -y ante la intimación concreta- hay o no “verosimilitud en el derecho” para suspender una Ley que fue votada con amplia mayoría y mucho debate por el Congreso.

    Pero están acostumbrados al amparo de lo que llaman “Libertad de Prensa” que ellos dicen ejercer, algo que olvidaron cuando decidieron poner bajo presión primero a sus colegas competidores, luego al Gobierno y al Congreso y, ahora, a la propia Justicia. ©ALN

 

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