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Opinión 
Edición: 1766 - Fecha: 27 de Sep, del 2010
El Estado frente a la usura de los laboratorios

El control monopólico de los mercados farmacéuticos dificulta el acceso a los remedios por parte de los sectores de menores recursos. La necesidad de contar con estructura propia para la producción de drogas medicinales comienza a pedir un lugar en la agenda política.

     Los medicamentos en la Argentina son fabricados, en su mayoría, por laboratorios privados. El alto costo final impuesto a las drogas obliga a generar una política pública que tienda a la existencia de un mayor número de laboratorios bajo la pautas de un Estado presente.

    La mercantilización de la salud tiene un fuerte impacto social en los sectores más castigados de la sociedad. Los “medicamentos huérfanos” que no salen al mercado, corresponden a zonas donde los consumidores no pueden cubrir los costos de la medicación necesaria para combatir enfermedades como el mal de Chagas y la tuberculosis.

    En el año 2008 nació el Programa de Producción Pública de Medicamentos del Ministerio de Salud. El objetivo fue subsanar los vacíos que el mercado no llenaba, y también ser parte de la negociación para que los costos de las drogas no sean excesivos.

    El doctor Jorge Zarzur, en una entrevista con el periódico Tiempo Argentino, afirmó que “existe una necesidad de producción pública que apunte a atender ciertas líneas estratégicas como los medicamentos huérfanos antiparasitarios, antituberculosos o inmunológicos”.

    En marzo de 2010 se presentó al Ministerio de Salud un relevamiento de diecisiete laboratorios públicos que producen medicamentos para abastecer a hospitales públicos, centros de atención primaria de salud, programas provinciales y para el Programa Remediar, que es la entrega gratis de medicamentos en centros de salud barriales.

    La Ley de Patentes sancionada en 1996 permite el cobro de derechos a la intervención de medicamentos por veinte largos años; lo que encarece fuertemente los remedios y dificulta el desarrollo de un mercado competitivo.

    Según datos de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), en Argentina existen 230 laboratorios y 110 plantas manufactureras, de las cuales 17 están en manos de multinacionales.

    Los cinco primeros laboratorios en índice de facturación concentran el 26 por ciento de la facturación total. Se trata de Roemmers, Bagó, Bayer, Ivax Argentina y Gador.

    Los primeros 20 laboratorios representan el 63 por ciento del total facturado sobre un total de 440.

    Según CILFA, más de la mitad de los medicamentos se produce a nivel nacional: el 63 por ciento son hechos por firmas locales y el 37 por ciento por laboratorios de otros países. En Brasil y México los laboratorios nacionales y foráneos llegan al 25 y al 12 por ciento respectivamente.

    Las multinacionales, por su parte, importan la mitad de los medicamentos que se oferta para el mercado doméstico, mientras las nacionales importan solamente el 6 por ciento de su facturación.

    Entre los años 2002 y 2009 las exportaciones de este sector crecieron un 134,2 por ciento y las importaciones lo hicieron en un 207,3. Estos números muestran que hay un saldo deficitario para este sector.

    Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la industria farmacéutica argentina facturó en 2009 unos 11.600 millones de pesos, monto que en el primer trimestre de 2010 se incrementó en un 27 por ciento con relación al mismo período del año anterior.

    El presidente de la Asociación de Salud Pública Argentina (ASPA), Jorge Rachid afirmó a Tiempo Argentino que “el Estado debe recuperar la producción pública de medicamentos que hoy está realizando en forma aún precaria, después de años de abandono. Nuestro país tiene y ha tenido a lo largo de los años personal técnico, desarrollo científico, formación de recursos humanos, tecnología y equipamiento como para producir, al menos en una primera etapa, la totalidad de la demanda hospitalaria de la atención médica primaria, que constituye el 80 por ciento del medicamento requerido”.

    El especialista agregó que la producción de medicamentos “se trata de una industria que factura con recargos que van desde un 1000 por ciento hasta un 30.000 por ciento con relación a su estructura de costos”. En ese sentido, Rachid puso palabras al eje a debatirse: “El sistema corrupto que rodea a los remedios se podría evitar, si los laboratorios públicos fuesen –además de proveedores- empresas testigos de precios”.

    Desde una postura corporativa, CILFA afirma que antes que producir vía laboratorios públicos, el Estado tiene que adquirir la producción de los laboratorios nacionales, ya que una pequeña parte de los estatales posee certificaciones de la ANMAT.

    Además, señala que en Brasil y China hay una alta incidencia de producción estatal, la cual no es muy favorable, porque la mayoría no producen principios activos y necesitan de insumos de otros países. Otro dato que surge de la cámara, es que los laboratorios públicos no poseen infraestructura suficiente, por lo que no se puede abastecer el consumo masivo.

    Reintroducir la problemática de la fabricación de medicamentos como límite a la usura de los laboratorios es, fundamentalmente, un debate ideológico que cruza a dos viejos encontrados: el Estado y el sector privado. El primero ganaría terreno en la disputa en tanto y en cuanto se palpe en vastos sectores de la sociedad el desabastecimiento y el encarecimiento de los productos de vital importancia para las personas y el desarrollo de la población.(apm)

 

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