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   Sábado, 18 de Noviembre de 2017
Opinión 
Edición: 1742 - Fecha: 2 de Ago, del 2010
El menos pensado

Son miles las historias que podemos reproducir aquí. Propias y ajenas. La inseguridad ha golpeado –directa o indirectamente, en mayor o menor grado- a todos los que vivimos en esta región y el tema va más allá de si bajamos o no la edad para poder imputar de delitos graves a “menores” que pueden llegar a matarte por un par de zapatillas.

     La situación sigue siendo grave acá, en la provincia o en la Ciudad Autónoma. Pero entre todas las cosas que nos indignan –en realidad el hecho delictivo indigna por definición- es cuando quien debería resguardarnos de los mismos es el protagonista criminal, en lugar de ser el héroe.

    La Policía bonaerense cuenta con unos 54.000 efectivos en actividad (a enero de 2010), para una población aproximada de 15 millones de habitantes (cerca del 38% de la población total del país). Si bien es una de las fuerzas de seguridad más numerosas -en cuanto a la cantidad de efectivos que posee- en toda Sudamérica, en la provincia hay un policía cada 1.300 habitantes (cuando en los países desarrollados se sugieren un uniformado cada 200), debiendo cubrir además una superficie de 307.501 Km², algún kilómetro más que la propia Italia.

    Estos datos no hacen más que confirmar la siguiente idea: no podemos juzgar a toda una institución cuando algunos de sus integrantes no cumplen con su deber o utilizan a la fuerza para cometer actos propios de los delincuentes. Pero sí debemos hacer notar que son muchos los que aparecen en porcentajes oficiales y extraoficiales y muchos más los que la población debe soportar.

    Es un dato verdaderamente preocupante. Casi un cuarto de los 54.000 uniformados que tiene la provincia de Buenos Aires fue sumariado o es investigado por actos de corrupción, violencia policial o irregularidades en el cumplimiento de su servicio. Cada día, el teléfono gratuito habilitado por el Ministerio de Seguridad para denunciar malas acciones de los policías recibe más de cinco denuncias y otras tantas llegan en forma anónima a una dirección de correo abierta por las autoridades.

    Los ejemplos sobran. Desde la ostensible negligencia -de cuyas responsabilidades de conducción y control aún se esperan noticias en la investigación del caso de la muerte de la familia Pomar- hasta la presunta participación activa y directa en el secuestro del empresario Leonardo Bergara, en Ranelagh, o las sospechas lanzadas desde el propio gobierno sobre bandas de policías que instigan asesinatos y reclutan menores de edad para hacer crecer la ola de inseguridad.

    Según el registro que lleva la Auditoria General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio que hasta hace un tiempo atrás conducía Carlos Stornelli, 13.619 integrantes de la fuerza bonaerense fueron sumariados en los últimos dos años. Esto surge de un informe oficial que además precisa que, en los dos últimos años, 872 policías fueron expulsados de la fuerza y otros 1779 fueron desafectados del servicio que prestaban. En todos los casos, los agentes resultaron involucrados en causas graves como abusos en sus funciones, extorsiones, amenazas, apremios ilegales, connivencia o participación en delitos, mal manejo de fondos policiales y causas de violencia familiar.

    Ahora hay que sumar a los que acaba de desafectar el Ministro Ricardo Casal.

    De hecho, un informe del Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (AVM) sostiene que en más del 35% de los casos hay un policía o miembro de la fuerza de seguridad denunciado por ejercer violencia doméstica. También, según las estadísticas oficiales, hubo 2252 policías suspendidos y otros 3931 que tuvieron que ser indagados por su mal comportamiento.

    La corrupción no es un problema nuevo para la policía bonaerense. Arslanian echó, en sus dos gestiones como ministro de Seguridad bonaerense, a unos 1600 uniformados.
Fue la “maldita policía”, cuando se desató una ola de escándalos de corrupción que derivó en delitos más graves: aparecieron policías involucrados en el atentado a la AMIA y en el crimen de José Luis Cabezas. Pasó el recordado jefe de la fuerza, Pedro Klodscyk. En 1997 tuvo su primer jefe civil, el interventor Luis Lugones, que disuelve la cúpula policial. En 1998 asumió Arslanián con su purga y reforma. El candidato y luego gobernador por el PJ, Carlos Ruckauf, acusa a Arslanián de ser blando, logra su renuncia y asume un perfil duro en la bonarense: Osvaldo Lorenzo, ex juez federal. Tras los sucesos de Villa Ramallo, Lorenzo renuncia. En su lugar asume Carlos Soria. Duhalde pasa a disponibilidad a tres comisarios mayores y disuelve el Grupo Especial de Operaciones (GEO)… y su historia sigue buscando un rumbo hasta hoy.

    Pero también a los agentes se les reconoce jornadas extenuantes y falta de descanso; malas condiciones edilicias, de higiene y de seguridad en los ambientes de trabajo; deficiencias en el material utilizado día a día como chalecos antibalas, uniformes, patrulleros y esposas, más la carencia de equipamiento para la lluvia; y el incremento de casos de depresión, estrés, agotamiento, hipertensión arterial, gastritis y alcoholismo.

    En ese contexto hay hombres como el teniente Aldo Garrido, asesinado el 17 de febrero de 2009 en “cumplimiento del deber” cuando tenía 61 años y 29 de actividad en la policía, ya tenía la edad para jubilarse pero había solicitado seguir en servicio, pedido que le habían otorgado y donde dejó la vida, al servicio de sus semejantes.

    El policía deber recuperar su impronta en una sociedad que pierde códigos y que ve deslizar la ética entre sus dedos. Y es el Estado el que puede recuperar ese espacio, resaltando y respetando el verdadero rol que el guardián del orden debe tener para que pueda brindar un verdadero servicio al ciudadano defendiéndolo de los verdaderos malvivientes y que éstos no se conviertan en el menos pensado. ©ALN

 

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