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   Sábado, 18 de Noviembre de 2017
Opinión 
Edición: 1704 - Fecha: 22 de Abr, del 2010
Expresión de los medios

Aunque algunos sectores, como la oposición influenciada seguramente por otros, intenten dejar sin efecto la recientemente sancionada ley de Comunicación Audiovisual de nuestro país, una verdadera deuda que tenía nuestra democracia, afuera –en el exterior- no cosecha tantas críticas, sino todo lo contrario. Lo difícil acá adentro –en nuestro país- es enterarse de ello. Pero todo tiene su explicación.

     La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 15 de abril su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la región durante 2009.

    Lo hizo ante la comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En él valoró la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

    En cuanto a la libertad de expresión en el país sostienen que la Ley Nº 26.522, que regula los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina “representa un importante avance respecto de la situación preexistente en Argentina”. Ya que “bajo el marco normativo previo, la autoridad de aplicación era completamente dependiente del Poder Ejecutivo, no se establecían reglas claras, transparentes y equitativas para la asignación de las frecuencias, ni se generaban condiciones suficientes para la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de presiones políticas”.

    Además se ponderó la sanción de la ley 26.551 que modificó el Código Penal y despenalizó las calumnias e injurias contra periodistas. “Esta modificación legislativa constituye un paso decisivo en la incorporación de los estándares sobre libertad de expresión del sistema interamericano en el ordenamiento jurídico argentino” sostiene el informe de la relatoría para la Libertad de Expresión.

    No se trata de un reconocimiento menor a un avance importante en materia de legislación de medios del país, a pesar del silencio de radio en que insisten los grandes “pooles” mediáticos a quienes los afecta directamente en sus intereses.
Es que se trata de intereses económicos y de poder, en el orden en que se quiera. Porque los hoy “paladines” de la libertad de expresión emiten su única voz a través del conglomerado mediático que supieron conseguir con el diario Clarín como estandarte. Aunque para ello utilizaron el monopolio de la producción del papel, impongan su voz en el éter a fuerza de potencia, altura de antena y cadenas y “rompan” mercados comerciales en cuanto espacio observaron.

    En criollo: ningún emprendimiento está en condiciones de competir con un “grupo” que cuenta con toda la cadena de “producción” a su servicio (desde la elaboración del papel hasta los principales canales de difusión), dándose el lujo hasta de usar elementos un tanto más coercitivos para eliminar a la competencia (pautas publicitarias a precios fuera del mercado) hasta ejercer presión ante quienes detentan la decisión de la publicidad oficial (la difusión que hace el Estado desde todos sus estamentos como el Gobierno Nacional, provincial e incluso Municipal).

    Esta nueva ley, con sus imperfecciones a cuestas, viene a salvaguardar la diversidad de expresiones poniendo límites –justamente- a esos monopolios que van por todo y que se creen con el derecho –también- de decidir quiénes pueden ejercer la libertad de expresión a moneda de cambio del mercado. Muy feo, casi una extorsión.

    Los medios locales, en tanto, somos los que vemos otra realidad si se quiere. Vemos la que vive el vecino, porque somos uno más, y porque caminamos las mismas calles que él, que el comerciante del barrio, el concejal o alguno de los Intendente de la región. Y también vemos que, como nosotros somos víctimas que quedamos fuera de cualquier competencia frente al grupo, también ellos pueden ser víctimas –en variadas formas- del mismo sector porque un “no” puede significar dar a publicidad algunos trapitos al sol que, mejor, lavarlos en casa. ©ALN

 

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