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   Sábado, 18 de Noviembre de 2017
Opinión 
Edición: 1398 - Fecha: 17 de Nov, del 2008
“Es una exigencia democrática”

El gobierno decidió poner fin al sistema privado de jubilación y pasar la masa de sus afiliados al sistema de reparto. La decisión fue adoptada cuando este régimen había entrado en crisis y arrojaba pérdidas que redondearon el 20% en los últimos doce meses.

     La decisión ha sido enteramente justa. El régimen de las AFJP es un régimen de saqueo que comenzó apropiándose de un tercio de los aportes de los trabajadores en concepto de comisión, proporción que llegó al 50% cuando Cavallo redujo a la mitad esos aportes. Por si no fuera suficiente, esa comisión era apropiada por adelantado, así la rentabilidad terminara resultando negativa. La grotesca declaración del titular de la Unión de AFJP, ofreciendo la rebaja de las comisiones para salvar el negocio, es la confesión tardía de la estafa practicada durante más de un década.

    Se trata de un régimen profundamente inmoral, de expoliación de los trabajadores que tuvo un altísimo costo social inicial: su puesta en funcionamiento, al sacar los fondos del régimen de reparto, obligó al Estado a contraer una deuda impagable, consecuencia entre otras, del colapso de diciembre de 2001.

    Más allá de esto, la instauración del sistema de capitalización formó parte del programa hegemónico de los 90 destinado a quebrar el principio de solidaridad de clase, e imponer la lógica del interés individual; lógica que se corresponde plenamente con las ilusiones de una pequeña burguesía, cuyas aspiraciones se inscriben en el imaginario de la pequeña propiedad. Esa masa movilizada contra lo que denuncia como un “saqueo”, repite, palabra por palabra, las líneas del discurso dominante que, en la voz personajes como De Angelis tiene hoy por hoy un contenido inconfundible: “¿Dónde está mi libertad, mi independencia para elegir? ¿Dónde está señora Presidenta?”. Palabras que resuenan en perfecta comunión con las de Hugo Biolcati, jefe de los grandes terratenientes de la pampa húmeda: “Se ha atentado nuevamente contra la propiedad privada, contra los ahorros de la población”.

    Quienes se oponen a la decisión han argumentado que el gobierno tiene el propósito de apoderarse de los fondos del régimen de capitalización para afrontar los problemas fiscales, y sostener el gasto público en el próximo año electoral.

    Es difícil creer que al decidir pasar a la órbita estatal los fondos de la jubilación privada, el matrimonio presidencial tuviera en mente la suerte de los jubilados. Una y otra vez hemos afirmado que el actual modelo es, ante todo, un modelo para pagar la deuda pública. Esta deuda tiene vencimientos que exceden ampliamente el ahorro fiscal alcanzable en los próximos tres años, por lo que la necesidad de fondos, en condiciones de crisis mundial y cierre de los mercados financieros, es imperiosa. En lo que pueda, el gobierno va a tomar la ANSES como fuente de financiamiento, algo que hace desde tiempo atrás. Por lo demás, los fondos de las AFJP están invertidos en su mayor parte en títulos públicos, títulos por los que el Estado paga altos intereses; por lo tanto, el financiamiento de la deuda a través del sistema previsional, es lo que ocurre actualmente.

    El gobierno ha dicho que los fondos de la ANSES serán destinados al pago de jubilaciones. Esta es una verdad de Perogrullo, típica del kirchnerismo, ya que ningún gobierno podría dejar de pagar las jubilaciones. De lo que se trata es de los excedentes del instituto, excedentes que tienen origen en los bajos haberes que reciben los jubilados.

    Finalmente no existe ninguna garantía de control por parte de la comisión de monitoreo, en la cual la injerencia del gobierno será decisiva. Entre paréntesis, ¿qué control tenían los afiliados de las AFJP sobre sus cuentas?

    Desde el punto de vista de los trabajadores y los del país, ninguna de estas razones puede oponerse seriamente a la decisión de poner fin al régimen de capitalización. Del mismo modo que la conquista de una jubilación digna no depende de la buena voluntad del gobierno o de los legisladores, sino de la lucha de los trabajadores, el control sobre los fondos previsionales es uno de los capítulos del reclamo obrero por la democratización de la ANSES y su reestructuración bajo métodos de autogestión por parte de los presentes y pasados aportantes. A este reclamo no darán respuesta ni el gobierno ni la oposición. En definitiva, la organización de un régimen previsional decente está más allá del horizonte de un capitalismo semicolonial, dominado por el capital imperialista: depende de una transformación radical de la sociedad y del poder, mediante la cual los trabajadores comiencen a tomar en sus manos la resolución de los asuntos públicos.

    Ciertamente, el gobierno kirchnerista no es confiable en absoluto. ¿Pero lo son quienes se le oponen? Detrás de Carrió, Macri, López Murphi, De Angelis, el ex ingeniero Blumberg, el rabino Bergman y otras notorias figuras de la farándula política está el interés de los bancos, como antes estuvo el interés de los pools de siembra, los grandes terratenientes y los monopolios exportadores en las concentraciones de la oposición contra las retenciones. La única aspiración de ese conglomerado de personajes mediáticos se resume en el propósito de reemplazar al kirchnerismo, y convertirse en una administración más pulcra de los asuntos de quienes detentan el poder.

    Los trabajadores no pueden guiarse ni por el discurso del gobierno ni por las proclamas democráticas de la oposición; deben encontrar su propio camino y desde ahí levantar un programa nacional, popular y antimperialista, y marchar junto a la gran mayoría de hombres y mujeres de la patria hacia un futuro liberado de las formas de opresión, desigualdad y explotación que caracterizan el presente. (SL)

 

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