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   Miércoles, 22 de Noviembre de 2017
Opinión 
Edición: 1391 - Fecha: 5 de Nov, del 2008
UNA JUSTICIA PARCIAL

Lo que viene ocurriendo en la Argentina respecto a la justicia rebasa la ardorosa imaginación de un guionista de trágicas novelas televisivas. En los últimos quince años el país es escenario de una cantidad de delitos extraordinarios como fue el caso de la voladura deliberada de un polvorín situado en una populosa ciudad.

     Su fin, encubrir un contrabando de armas autorizado por el gobierno menemista. En la sinuosa evolución de la causa judicial de este trágico suceso mediaron testimonios de altos funcionarios, policías, políticos y periodistas, se falsearon pruebas, existieron amenazas, atentados, muerte de numerosos testigos, etc. estas acciones adquirieron una dimensión de escándalo, corrupción e impunidad difíciles de imaginar.

     Cuando leí en los diarios el retorno a esta causa decidí interiorizarme sobre el tema. Es deber de todo ciudadano, conocer y recordar momentos de nuestra historia, no solo por una cuestión de enriquecimiento intelectual, sino por la responsabilidad que cabe como ciudadano, tratar de que lo ocurrido no vuelva a suceder. Cicerón expresaba “Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus tragedias”.

     El correcto análisis de lo sucedido resulta la clave para comprender el hoy. El buen entendimiento del ayer se alcanza cuando la historia es analizada desde una perspectiva bien intencionada, cualquier opinión debe tolerarse y respetarse, lo que no admite consideración alguna es la mentira.

     En la Argentina la duración de un proceso penal es de diez y ocho meses, siempre que se trate de un delito común. Las investigaciones de hechos de corrupción atribuidos a funcionarios públicos pueden superar catorce años, sin que atraviesen instancias de juicio oral y público. La ausencia de una sentencia final suele ocupar amplios espacios en los medios de prensa, constituyendo un fraude a la confianza pública y a la expectativa social. El castigo que deben sufrir los imputados, se frustra, dando paso a la sensación de vivir en un país en el que se admite la corrupción y la impunidad.

     En plena guerra entre Perú y Ecuador, siendo la Argentina país garante de la paz en virtud del Protocolo de Río de 1942, un decreto firmado por el presidente Carlos Menem autorizó el contrabando de armas a Ecuador. Cuando detonó el escándalo se inició la investigación, como resultado estalló el polvorín de donde se suponía salieron las armas. Estaba ubicado en la populosa ciudad de Río Tercero. El siniestro provocó varios muertos, numerosos heridos y cuantiosos daños materiales. El ex Presidente Menem, varios ministros, jefes militares y empresarios fueron acusados por contrabando, falsedad ideológica en los decretos del Poder Ejecutivo, estrago doloso con siete victimas fatales y enriquecimiento ilícito. Tiempo después varios testigos y peritos tuvieron muertes violentas y dudosas, desde hace trece años la causa esta abierta, pero aún no existen detenidos. Anteriormente y también durante el gobierno de Menem se había producido un contrabando similar con destino a Croacia.

     Entre 1991 y 1995 Carlos Menem y algunos miembros de su gabinete firmaron tres decretos con datos falsos que dieron cobertura documental al contrabando de armas a países en guerra, en abierta violación con los compromisos contraídos por la Argentina ante la comunidad internacional.

    Los decretos 1697 y 2283 autorizaron a Fabricaciones Militares (FM) a exportar a la empresa DEBROL SA -sin domicilio conocido-, gran cantidad de armas de distinto tipo con destino a Panamá, país que negó haber adquirido el material, las armas habían sido enviadas por mar hacia Croacia. Tiempo después por decreto 103/95 se aprobó la venta armas a Venezuela a través de la Compañía Hayton Trade SA, -sin domicilio conocido- para ser entregadas a la empresa ecuatoriana Prodefensa, la guerra que mantenía con Perú aún continuaba.

     Según la Justicia Federal de Río Cuarto, el estallido del arsenal fue deliberado para encubrir el faltante de armas exportadas ilegalmente, fue el ejército y no FM quien proveyó la mayor parte de los pertrechos vendidos a Ecuador y Croacia.

     Vinculadas con este hecho murieron varias personas. Al año siguiente once personas mueren al caer un helicóptero del ejército en el Campo Argentino de Polo, entre ellas estaba el general Juan Carlos Andreoli que era interventor de FM en el momento del estallido del polvorín. En 1998 el ex capitán de navío Horacio Estrada que ofició de enlace entre los presuntos traficantes Jean Bernard Lasnaud y Diego Palleros para el envió de armas a Croacia fue hallado muerto de un disparo.

     En el 2001 ya ex Presidente, Menem fue procesado como jefe de una asociación ilícita y cumplió prisión domiciliaria hasta noviembre de ese año, cuando la Corte Suprema que él mismo había nombrado, mientras fuera presidente, anuló los cargos que se le imputaban.

     Una gran cantidad de funcionarios del gobierno de Menem estuvieron implicados en estos hechos, como el general Balza, Emir Yoma, Antonio Erman Gonzalez, etc. El ex interventor de FM Luis Sarlenga confesó haber recibido 30.000 dólares de manos de Emir Yoma, acusándolo de cobrar coimas por cerca de medio millón de dólares, en consonancia con el testimonio que brindara la excretaría del empresario Lourdes Di Natale quien el 1º de marzo del 2003 muere al caer de un décimo piso.

     La complejidad de este delito estatal junto a un sistema inquisitivo que admite la revisión inacabada de los fallos; la falta de idoneidad, autonomía y recursos de judicatura junto a la dependencia de la Justicia con agencias de investigación, como la SIDE y la Policía Federal que funcionan bajo la órbita del Poder Ejecutivo, constituyen factores de ineficacia en la resolución de la causa, como consecuencia no hay presos por el tráfico de armas, ni por las explosiones de Río Tercero. No obstante los procesos continúan en eterno trámite sin sentencia final.
Guillermo César Vadillo

 

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