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Opinión 
Edición: 1357 - Fecha: 15 de Sep, del 2008
Bolivia: derecha y fascistas van "a por todas"

El pueblo boliviano no quiere una guerra civil. Lo demostró una vez más hace pocos días, cuando fue a las urnas masivamente y reiteró su apoyo al programa de cambios que aprobó hace dos años y medio cuando eligió a su presidente, Evo Morales. Entonces con el 53% de los votos, y ahora con más del 67 %, esto es, dos de cada tres bolivianos.

     El gobierno dijo haber interpretado esos resultados, no solo su propia y abrumadora victoria, sino la confirmación de cuatro de los prefectos opositores. “Está claro que el pueblo quiere que dialoguemos”, dijo el presidente. Pero para que exista un diálogo se necesitan dos partes. Y la otra, la oposición, ni siquiera llegó a intentarlo seriamente. Ya tenían elegido otro camino. Repetían en lo fundamental, la actitud de la derecha política chilena, en definitiva representante de similares intereses económicos y de clase cuando la Unidad Popular y Salvador Allende intentaron los cambios que la mayoría del pueblo había votado. Y el siglo XX recoge otras experiencias similares, la Guatemala de Jacobo Arbenz, o la de Juan Bosch en la Dominicana, que terminó invadida por "marines". En este caso no han encontrado un general traidor, o no confían en la posibilidad de un golpe militar a la vieja usanza. Pero la herramienta es la misma: violencia y terror.

    PASO A PASO

    La escalada ha sido gradual, pero constante. A partir de del estrepitoso fracaso de su pretensión revocatoria del mandato de Evo Morales, descartaron por completo cualquier vía democrática. El núcleo de la conspiración en Santa Cruz, con dos cabezas visibles: Rubén Costas, prefecto y Branco Marinkovic, presidente del comité cívico. Ambos representantes de los intereses de terratenientes y grandes empresarios. Revivieron la consigna de “autonomía”, lícita y sentida por muchos cruceños, y la utilizaron para terminar convirtiéndola en los hechos en un intento segregacionista, que entre demagogias y complicidades, lograron extender a otras prefecturas. El principal reclamo es “recuperar” los fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

    En realidad, la pretensión es que la parte de esos fondos que ahora se destinan a la “Renta Dignidad” para los mayores y al bono “Juancito Pinto” para todos los escolares, quede en las prefecturas y sean ellos sus administradores. Estos opositores, son los mismos que cuando apoyaron a los anteriores gobiernos neoliberales, regalaron beneficios y ventajas para las transnacionales. Aquellos gravámenes fueron casi triplicados por el gobierno de Evo Morales tras la nacionalización, en beneficio del Estado boliviano. Gracias a esa y a otras medidas, ahora hay más dinero para repartir entre prefecturas, municipios y universidades y para las urgencias sociales. Pero los prefectos opositores quieren más. A costa de lo que sea. Una forma de estrangular al estado boliviano y amputar económicamente la posibilidad de políticas sociales y transformadoras.

    VIOLENCIA Y TERROR

    Y para ello emplean todos los medios que disponen las prefecturas e incluso “aportaciones privadas” de latifundistas y grandes empresas. La Unión Juvenil Cruceñista, una agrupación ultraderechista impulsada y sostenida económicamente desde estos sectores de poder, ha sido el “modelo” paramilitar imitado en otros departamentos. En definitiva, una mezcla de funcionarios de las prefecturas y jóvenes que hacen el papel de sicarios en las acciones de vandalismo y agresión. Primero fueron hechos aislados, pero tras la visita del embajador norteamericano Philip Goldberg al prefecto Costas en Santa Cruz, y un viaje a Estados Unidos de Branco Marinkovic, la ofensiva violenta se incrementó: fueron atacados, saqueados e incendiados locales de oficinas y servicios estatales. Destruídos mobiliarios y documentos públicos. Robados ordenadores, teléfonos y otros elementos de valor. Se consumaron agresiones contra los kollas, solo por el hecho de serlo. Vendedoras callejeras fueron acorraladas, golpeadas y humilladas. La policía, siguiendo instrucciones oficiales, no hizo uso de sus armas. En algunos casos personal policial fue desarmado y también apaleado. Los prefectos han dejado hacer, y esporádicamente han pedido calma, pero exigiendo a los violentos que sigan “vigilantes y activos”, lo que convierte el llamado en una mera tregua para seguir el vandalismo.

    Los saqueos en Santa Cruz afectaron a la empresa estatal ENTEL, la Caja Nacional de Salud, el Servicio Departamental de Educación, la Superintendencia Forestal y las oficinas de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, entre otros edificios. También fueron atacados barrios populares, donde es casi generalizado el apoyo al gobierno de Evo Morales. Tal el caso del llamado Plan Tres Mil, donde un centenar de unionistas armados con palos y algunos con armas de fuego hostigaron a sus pobladores, quienes finalmente lograron rechazar los ataques. Allí resultó herido grave de bala Jaime Quispe Quiroga, de 19 años y poblador del barrio. En el Mercado campesino, otros grupos agredieron a las mujeres Kollas que defendieron sus puestos y su mercadería, mientras la policía se alejaba del lugar. Las mujeres denunciaron que los palos y las piedras utilizadas por los agresores llegaron al lugar en camiones de la Prefectura de Santa Cruz.

    Pero también los escasos medios de prensa independientes o del servicio estatal fueron atacados. En San Ignacio, elementos de la Unión Juvenil Cruceñista que se movilizaban en vehículos de la prefectura y particulares, algunos con distintivo nazi en sus puertas, ingresaron con armas de fuego en la emisora Juan XXIII y el Canal 13 de TV propiedad de la diócesis. Allí amenazaron de muerte a los periodistas y técnicos y al propio obispo Monseñor Carlos Stteter, según informó Teresa Prada, responsable de la emisora. En Montero, también Santa Cruz, otros “jóvenes” y “cívicos” obligaron a suspender sus emisiones a Radio Patria Nueva y al Canal 7 de la Televisión Boliviana. La prefectura ejercida por Costas, se ha convertido en un organismo totalitario que ha convertido a Santa Cruz en un territorio bajo el control de estos grupos violentos. En las pintadas en las calles de Santa Cruz, los agresores "cívicos" se autodefinen claramente; en algunas de ellas se puede leer: "Hitler mató judíos porque no conocía a los kollas". Todo este ejercicio de odio, racismo y violencia, se origina en la maquinaria propagandística de la Prefectura y de la mayoría de los medios de comunicación. Desde el momento mismo de la victoria electoral de Evo Morales, comenzaron el intento de socavar la legitimidad democrática de su gobierno, y a boicotearle en todos los frentes. Todo ello acompañado por las frases despectivas o los calificativos habituales de "indio de mierda" o "kolla analfabeto". Sobre este "trabajo" de manipulación de la opinión pública escribía recientemente una periodista cruceña, Betty Tejada: "¿ Quien decidió reiventarnos a los cruceños clonando todo lo que queríamos enterrar en una Bolivia plagada de odios, mezquindades, vendettas entre patrones y esclavos ? ¿ quién decidió convertirnos en lo que nunca queríamos ser con la simplista justificación de ‘ellos nos obligan’. Hay que negarse a ser un clon de los odiadores y de los manipuladores. Hay que negarse a aplaudir a la mujer torpe, agresiva, ofensiva, cínica e insensible con la vida, con las familias que insulta, pisotea, humilla a través de palabras y acciones dementes. Ese no es el ser cruceño. Nunca lo fue y nunca debe serlo." Y continúa la directora del periódico "La Paraba": " Nada, ni un solo paso es improvisado. Cada amenaza, cada ingenua postura "de los cruceños no tenemos la culpa", de "somos malos por culpa de ellos", o "es que el pueblo reacciona así´; cada personaje oscuro que aparece del dia a la noche como "analista", cada rematado analfabeto político, es una pieza del melodrama armado para succionar cualquier milímetro de materia gris que quede suelto."

    LA EMBOSCADA EN EL PORVENIR

    La prensa privada y la mayoría de las agencias, definieron los sucesos ocurridos en la madrugada del jueves en Pando como "un enfrentamiento". Algunos llegan a describir el episodio de una manera novelesca, imputando incluso a los campesinos que se desplazaban en un camión para participar de un plenario ampliado de sus organizaciones, haber sido los que iniciaron la agresión. El diario "El Deber" de Santa Cruz, por ejemplo, tituló "Baño de sangre" y seguidamente añade "la balacera entre oficialistas y opositores causó un saldo de 8 muertos y 39 heridos". "El Mundo", en portada, a toda página y con fondo negro y caracteres destacados: "Bolivia en las puertas de una guerra civil" . También en su crónica coincidía en mencionar lo sucedido como "enfrentamiento". Nada más alejado de la verdad. Una campesina sobreviviente de la masacre y otros testigos, coinciden en afimar que la carretera estaba bloqueada con camiones de la Prefectura de Pando en la localidad de Tres Barracas, cerca de la población de El Porvenir. Allí el camión con los campesinos que se dirigían a su plenario en Cobija, tuvo que detenerse, momento en que fue ametrallado. "Hombres, mujeres y niños corrieron para salvar sus vidas, pero fueron inmediatamente acribillados, heridos o tomados por la fuerza para ser torturados", relata la campesina. Otro testigo confirma que la carretera estaba bloqueada, y tras los primeros disparos algunos campesinos escaparon hacia el río Tahuamanu , pero hasta allí los persiguieron y les dispararon cuando intentaban cruzar al otro lado". Varios cuerpos baleados fueron arrastrados por las aguas. Existe preocupación por la suerte corrida por el profesor Víctor Choque, de El Chivé, miembro de la Cooperativa Integral de Campesinos de Pando, a quien torturaron en el hospital, pero se cree que está con vida. La delegada gubernamental en Pando, afirma que según testigos, el número de campesinos muertos puede superar la veintena. Según informó la Red ERBOL, el senador de Unidad Nacional (UN), Abraham Cuellar, sostuvo que hay muchos más muertos y heridos en inmediaciones de El Porvenir, Filadelfia y otras regiones del lugar. El parlamentario aseguró que "hay más muertos en el monte, la selva y orillas de los ríos, porque los emboscadores ingresaron hasta las poblaciones para seguir persiguiendo a los campesinos". Agregó además que él mismo fue amenazado de muerte, e indicó que los grupos cívicos y funcionarios de la prefectura estarían recorriendo diferentes comunidades en búsqueda de dirigentes y concejales que no están en la línea de los autonomistas radicales para continuar la masacre.

    UN FEUDO BAJO CONTROL OPOSITOR

    El departamento de Pando es gobernado por el prefecto opositor, Leopoldo Fernández. Es uno de los que tiene la menor densidad demográfica en Bolivia, pero se beneficia con el ingreso per cápita más alto por recibir el 1% de las regalías petroleras, el 2% del ( I.D.H.) Impuesto Directo a los Hidrocarburos y otros porcentajes para sus municipios. La administración pública departamental y municipal tienen más dinero que nunca en su historia, pero hay indicios de que parte de estos ingresos han sido malversados y se sospecha que también han sido desviados a cuentas personales. Fernández ejerce como caudillo, apoyado en la prebenda política, favores, la demagogia, y el miedo. En el reciente referéndum revocatorio obtuvo a su favor aproximadamente el 50 % de los votos, al igual que el presidente Evo Morales. Pero la mayoría de su apoyo fue en la capital, mientras que Evo ganó ampliamente en la zona rural. ( Algo similar a lo que sucedió en Beni, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija ). Se deduce que la "radicalidad" del Prefecto y la utilización de la violencia, es la respuesta a las organizaciones sociales que se han atrevido a desafiar este poder tradicional y a sus estructuras de control. Un documento recibido por SERPAL, indica que en Pando, "el miedo a perder los privilegios, está siendo combatido con el racismo, la intolerancia, la mentira, la violencia psicológica y ahora física. Ya el 2006 incendiaron el domicilio de un Senador pandino, del partido derechista UN. Hace menos de un mes, contrabandistas -se sospecha además ligados al narcotráfico- desafiaron la autoridad de la Aduana, desarmaron y humillaron a militares de la naval para consumar su delito... y el Prefecto, la Fiscalía, menos el Comité Cívico, nada dijeron" Y luego se preguntan: " ¿ por qué iban a respetar a las organizaciones sociales? ¿ A los campesinos o indígenas? ¿ Qué valor pueden tener la opinión de estas personas? Siguiendo su lógica, la vida de campesinos o indígenas, tampoco tiene valor y por eso los humillaron y mataron..."

    El FOBADE, Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, recuerda que los campesinos e indígenas de esa zona rural, llevan decenas de años "en una situación de servidumbre en la extracción en muchos casos ilegal de goma y castaña, bajo el yugo de barraqueros, autoridades prefecturales y mafias brasileñas, peruanas y bolivianas. El tráfico de droga, madera y lavado de dinero, van de la mano de la violencia con la que se somete a los pueblos diezmados desde hace más de un siglo en la explotación

    (MercosurNoticias)
Por Carlos Iaquinandi Castro (x)
(x) Editada por la agencia Rebanadas de Realidad de Argentina

 

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