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Opinión 
Edición: 1253 - Fecha: 14 de Abr, del 2008
Sobre la distribución del ingreso en Argentina

Se discute sobre las políticas de ingresos públicos, pero poco sobre el gasto. Una redistribución que no cierra del todo, a pesar de lo cual recibió estos sabotajes recientes.

     Mucho se ha hablado siempre sobre la distribución del ingreso. O debiéramos hablar de redistribución del mismo. Aunque nos inclinamos por esta última acepción –ya explicaremos por qué- lo que se ha escuchado es impreciso o insustancial. La mayoría de los sectores sociales coinciden en que debe concretarse una mejora en la distribución de la riqueza generada, pero son casi nulas las propuestas concretas. El discurso está falto de sensatez.

    En estos momentos ha surgido esta discusión a raíz del lock out que el sector rural ha impuesto a la sociedad argentina por un incremento en las retensiones a las exportaciones de oleaginosas, cereales y otros derivados. El Gobierno optó por este sistema impositivo a raíz de la extraordinaria renta que obtienen los productores y exportadores de soja básicamente, multiplicado por el propio esquema de tipo de cambio alto, y porque se trata de un gravamen de fácil recaudación y difícil evasión. En palabras de la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de esta forma se redistribuye el ingreso. Y siempre que se intente cobrar algún impuesto van a existir quejas.

    Pero tanto para la actual administración de la Casa Rosada como para cualquier otra del mundo les cabe las generales de la ley. La política de redistribución del ingreso consta de dos patas inseparables, que son como la cara y ceca de una moneda. En primer término, una estrategia de ingresos progresiva; esto es, que quienes más tienen más paguen, que quienes menos tengan menos paguen, y quienes no tienen nada, no paguen nada. En segundo término –pero tan importante como el primero- una estrategia de gastos igualmente progresiva; esto es, que quienes más tienen reciben menos beneficios sociales, que quienes menos tienen reciban más beneficios, y quienes no tengan nada, reciban todo.

    El conjunto de las políticas de ingresos y de gastos se llaman políticas públicas. Cierta literatura económica define que la redistribución del ingreso puede ejecutarse sólo a partir del gasto público, pero los países que mejor avanzaron en este sentido han instrumentado este doble juego de ingresos/gastos. Pero en Argentina todavía nos quedamos con lo que los manuales antes citados enuncian.

    Veamos por qué. La estructura social de una economía latinoamericana cualquiera se asemeja grosso modo a una pirámide, donde la base indicaría el menor grado de ingreso y la cúspide el mayor grado de concentración. Dicho de otro modo, la base –amplia- corresponde a los pobres más pobres, a medida que subimos aumenta el ingreso de la población pero también decrece la cantidad de sujetos, hasta llegar a la cúspide o punto superior, sonde se encontraría la familia más rica del país (los Pérez Companc para Argentina).

    En primer término, avancemos por el lado de los ingresos ¿Cómo debería ser una estructura impositiva progresiva? Si utilizamos el ejemplo antes citado, debiera ser una pirámide invertida. Sobre la cúspide (la familia Pérez Companc para Argentina) debiera recaer la mayor presión impositiva, y a medida que descendemos en la escala social disminuye la obligación fiscal, hasta llegar a la base donde no habría compromiso alguno.

    En segundo término, por el lado del gasto público ¿Cómo debería ser una política de egresos progresiva? Debiera ser una pirámide idéntica al primer ejemplo, donde el gasto estatal se concentre en la base, y la cúspide reciba muy poco. Esta, creemos, es la única forma de redistribuir la riqueza, ya que si no se contemplan ambas caras de la moneda, el resultado no va a ser el buscado.

    El resultado ideal y deseado de esta política sería un prisma o rectángulo, donde la base esté por encima de la base de la pirámide, y la cúspide se transformaría en una recta que igualmente esté por debajo de donde se ubicaba antes la familia más rica. Y para obtener este resultado vimos que debe contemplarse toda la política pública y no sólo la fiscal. Esto se llama política pública progresiva.

    Argentina no tiene ni una política de ingresos públicos ni de gastos del tipo progresiva. Pese a que hay mejoras en la recaudación de los impuestos directos (esencialmente progresivos) y las retenciones, todavía el IVA (impuesto al valor agregado, regresivo) aporta una porción mayor a la recomendada, ya que su tasa es del 21 por ciento. Además, por una decisión política, el Estado no les cobra impuestos a un 40 por ciento de la población que está en condiciones de pagar.

    Por el lado de los egresos, tampoco mejora la situación. Desde nuestro punto de vista, como principio cuando se define el otorgamiento de un subsidio siempre debe subsidiarse la demanda y no la oferta. Básicamente porque tiene un mejor efecto económico y porque cumple más con su efecto redistributivo.

    Subsidiar la oferta es darles una subvención o ayuda estatal al sector productivo (a las empresas) para que puedan ofrecer su producción a un valor menor al de sus costos. Pero al no hacerse diferencias entre los destinatarios de estos bienes o servicios –es decir, si quienes los adquieran son ricos o pobres- no cumple su rol redistributivo. El caso del transporte público es muy claro: el gobierno nacional subsidia a las empresas de ómnibus y trenes de pasajeros al basarse en lo “sensible” que es este servicio público, pero nada impide que familias de lo más alto de la pirámide de ingresos accedan a estos beneficios.

    Por otra parte, ese dinero que el Estado destina a estos sectores se gasta ineficientemente. Si en cambio la administración gubernamental no subsidiase a las empresas, sino sólo a las familias de menores recursos para que paguen los correspondientes pasajes, las empresas dispondrían de mayores recursos y la ecuación económica les cerraría mejor, amén de que el Estado dispondría de más recursos.

    Las últimas administraciones de la Casa Rosada tienen una tendencia al subsidio fácil. A partir de la devaluación de la moneda en 2002, la forma elegida para no incrementar las tarifas reguladas por el Estado fue la de subsidiar a las empresas. Transporte público (incluido el aéreo), generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, red vial concesionada, alguna producción alimenticia es destinataria de subvenciones que pagan todos los argentinos. Muchas de estas ayudas estatales se conceden además para sostener servicios paupérrimos, como los ferrocarriles metropolitanos. Tanto es así que hasta nos animaríamos a decir que se trata sólo de un subsidio de las ganancias empresariales.

    En el debe queda una profunda reforma impositiva de carácter progresivo que siempre debe ir atada a una política de gasto público progresiva. No crea el lector que estos cambios profundos se van a realizar sin sacudones, lock out, cacerolazos o golpes mediáticos (Cristina Fernández de Kirchner dixit). Pero una observación bastante superficial nos permite advertir que se ha hecho poco y en la dirección incorrecta.

    (apm)

 

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