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Opinión 
Edición: 1189 - Fecha: 10 de Ene, del 2008
El bufón y su comparsa

Fracasó rotundamente el operativo por la liberación de rehenes en Colombia. El Presidente Chávez, un demagogo enfermo de avidez publicitaria, montó una escena bufonesca amparándose en un presunto «propósito humanitario». Lo que debía ser un discreto operativo que tomara estado público al llegar a un final feliz, con su afán de notoriedad lo convirtió en un triste circo en el que se jugó con la esperanza de los rehenes y sus familiares.

     Las FARC, que no tienen un pelo de tontos, aprovecharon la fiebre del venezolano buscando, a través de un golpe publicitario, intentar el estatus de ejército beligerante. El posterior reconocimiento de que uno de los rehenes que prometían liberar, el niño Emanuel, no estaba en su poder, puso en evidencia su verdadero rostro.
Las FARC o Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia surgieron orgánica-mente en 1964 como un movimiento guerrillero liderado por Pedro Antonio Marín, más conocido como Tirofijo. La mayoría de las razones políticas que motivaron su aparición – la guerra fría y un sistema bipartidista cerrado en Colombia - ya no existen. La guerra fría es parte de la historia y Colombia goza de una democracia participativa abierta a todos los sectores. En sus comienzos enarbolaron ideales de pureza y reivindicación social, pero con el tiempo devinieron en una organización delictiva que se escuda en motivaciones políticas. Lo confirman su forma de accionar y sus fuentes de ingreso: el narcotráfico, las extorsiones y los secuestros.
En sus lejanos comienzos las FARC prohibían la siembra de coca en los territorios que dominaba. Alegaban motivos éticos sosteniendo que el negocio de la droga resultaba incompatible con la democracia y la convivencia ciudadana. Sin embargo fue mutando y el dinero proveniente del narcotráfico resultó ser una importante fuente de ingresos que le da autonomía económica. Hoy las mayores áreas colombianas de cultivo de coca coinciden con las zonas militarizadas por las FARC. A comienzos de la década del ochenta la siembra de coca en Colombia no llegaba a las 14.000 hectáreas, en el año 2000 alcanzaba las 140.000 hectáreas y, lo que es notable, el grupo guerrillero tenía un crecimiento numérico proporcional. Hoy hay zonas donde las FARC han monopolizado el cultivo y montado laboratorios para mantener un stock permanente de coca que canjean por armas en el mercado negro.
En octubre de 1983 adoptó oficialmente el secuestro como forma de financiación. La Fundación País Libre contabilizó, durante el año 2003, 673 secuestros con pedido de rescate realizados por las FARC. El dato es significativo porque el secuestro es considerado como un crimen de lesa humanidad, que no prescribe y puede ser juzgado en el Tribunal de la Haya. Recordemos que, en un acto política y militarmente reprobable, secuestraron en plena campaña electoral a Ingrid Betancourt cuando iba a dialogar con ellos.
A esto hay que sumar las presiones extorsivas que sufren muchos campesinos, comerciantes e industriales quienes, aún sin estar dentro del territorio dominado por las FARC, deben pagar un «cupo» para el financiamiento del grupo guerrillero. Otros son conminados a pagar ingentes sumas de dinero bajo a menaza de, en caso de negarse, ser secuestrados y llevados como rehenes a la selva.
Todos los diálogos de paz iniciados en los últimos cuarenta años despertaron expectativas, pero resultaron infructuosos. Las mesas de diálogo, profusamente publici-tadas por el periodismo, fueron usados de ambos lados con un propósito político y han servido para difundir la acción de los guerrilleros en todos lo estratos sociales.
Las Naciones Unidas y Amnistía Internacional reiteradamente reclamaron a las FARC por violación a los derechos humanos por reclutar menores para el ejército, secuestrar civiles, tomar rehenes y cometer actos de torturas y violencia sexual. En un comunicado de prensa del 28 de junio de 2007 Amnistía Internacional pide la inmediata liberación de todos los rehenes y dice: «La toma de rehenes es una violación flagrante del derecho internacional humanitario, que puede constituir un crimen de guerra. La muerte de los 11 diputados de Valle del Cauca, si se confirma, es una tragedia que podría haberse evitado si las FARC hubieran estado dispuestas a respetar el derecho fundamental de los civiles a no ser arrastrados al prolongado conflicto armado de Colombia»
El 26 de octubre de 2006, el Secretario General de las Naciones Unidas informaba a la Asamblea General sobre la participación de los niños en los conflictos armados y con respecto a los guerrilleros colombianos informaba: «La presencia de minas terrestres colocadas por las FARC-EP y el ELN, así como de municiones y artefactos explosivos no detonados, en centros escolares, fuentes de agua locales y carreteras de acceso a zonas rurales constituye un motivo de preocupación grave y cada vez más importante, que se cobra muchas víctimas infantiles. Aproximadamente el 30% de las víctimas civiles de las minas terrestres antiper-sonales son niños.
Natalia Springer* comenta en un artículo periodístico: «¿Cómo puede llamarse ‘Ejército de Liberación’ un grupo armado ilegal que basa su economía en la esclavitud? ¿Cómo pueden las Farc hablar de la ‘paz con justicia social’ siendo la esclavitud el atentado más grave contra la igualdad, la equidad y la dignidad humanas? ¿Qué tipo de revolución puede fundamentarse en la opresión violenta de la libertad? (...) O tal vez, ¿cómo es posible que las Autodefensas mantengan en su poder a cientos de secuestrados en medio de un proceso de paz?».
El Presidente Chávez, a quien poco le interesan los derechos humanos de los cientos de rehenes y los niños militarizados, a quien lo tiene sin cuidado los métodos extorsivos de un movimiento delictivo organizado y su vinculación con el narcotráfico, tiene con las FARC una relación fluida y fraterna. Las aspiraciones bonapar-tistas del «papagayo caribeño», como lo denomina con agudeza el escritor Carlos Fuentes, no tuvieron los ecos que esperaba en el Presidente Uribe y trató de desacreditarlo entrometiéndose, como es su costumbre, en un problema interno de Colombia. Cuando el humillado presidente colombiano mostró a Emanuel descolocó al venezolano y ganó la partida y la FARC quedó nuevamente descreditada ante el mundo.
Pero el tema nos toca de cerca de los argentinos porque Chávez aprovechó la ocasión para montar una puesta en escena que lo publicitara inter-nacionalmente y convocó a un grupo de garantes internacionales, adjudicando así a un grupo delictivo el estatus de estado beligerante. A ese proyecto se unió como comparsa el ex presidente Néstor Kirchner buscando aliarse en un «acto humanitario» que le daría notoriedad y desviaría la atención de otros temas más preocu-pantes como el caso de Antonini Wilson, la crisis energética y el proceso inflacionario.
Lo notable es que Néstor Kirchner, quien dentro de nuestro país se presenta como paladín de los derechos humanos, nunca condenó públicamente a las FARC en defensa de los derechos humanos de los secuestrados, los cientos de rehenes, los niños militarizados, los civiles muertos y los torturados. Otra muestra de más de hipocresía.

    Salvador Dellutri

    ***Natalia Springer***
Psicóloga y Politóloga, Especialista en Estudios Avanzados de Paz, Master en Derechos Humanos y Derecho Humanitario y Doctora en Ciencia Política (Justicia Transicional).
Actualmente trabaja como consultora independiente para varias organizaciones internacionales, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados y la OTAN en temas de justicia transicional y consideraciones humanitarias dentro de las negociaciones de paz (alternativas en desarme y reintegración de excombatientes, comisiones conjuntas de verificación, seguridad y prevención de la re-emergencia de violencia).

 

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