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Opinión 
Edición: 1179 - Fecha: 26 de Dic, del 2007
La justicia sucia de EE.UU. contra Argentina

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses y terroristas anticubanos impulsaron las actividades del magistrado Robert Dube y del funcionario acusador Thomas Mulvihill.

     El Southern Command (Comando Sur) de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con asiento en Miami, se encarga de resaltar las actividades que despliega el fiscal Thomas Mulvihill contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, un denominado Comité Comunitario por la Imparcialidad y la Justicia –relacionado con las organizaciones terroristas anticubanas de La Florida – respaldó al juez Robert Dube, quien tomó audiencias a por los menos dos de los acusados por el escándalo de la valija con 800. 000 dólares, que la Administración de George W. Bush decidió impulsar, para desacreditar a la autoridades de Buenos Aires, al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y al propio proceso de integración sudamericana.

    Desde el 14 de diciembre último, la página electrónica del Comando Sur publica artículos periodísticos de diferentes fuentes, con la marcada intención de difundir y apoyar la acusación desarrollada por Mulvihill, en el juicio desde el cual se protege a Guido Antonini Wilson, casi seguro agente periférico de los servicios secretos estadounidenses, destinado a “ventilar escándalos” que desestabilicen al gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner y su anunciada intención de mantener la estrategia integracionista con Venezuela, en los marcos bilateral y del Mercado Común del Sur (Mercosur).

    Esas mismas selecciones de artículos – elogiosos respecto de las actividades de Mulvihill- son distribuidos vía correos electrónicos a todas las dependencias de la diplomacia estadounidense en América Latina y a las redacciones de los grandes medios corporativos, abocados a una desenfrenada carrera en defensa de la causa abierta en Miami.

    Entre esos artículos figura uno firmado, entre otros, por el investigador periodístico colombiano Gerardo Reyes, el mismo que fuera citado por el colega argentino Horacio Verbitsky, en una reveladora nota, publicada el domingo pasado por el diario local Página 12.

    Veamos cuáles fueron las indagaciones de Verbitsky.

    “Guido Antonini ingresó con su valija a la Argentina el 4 de agosto y dejó el país el 6, no rumbo a Venezuela sino a Miami, de donde ya no volvió a salir. Allí el presunto agente venezolano se convirtió en un efectivo agente estadounidense. El 14 de agosto, el diario Miami Herald publicó un artículo de sus periodistas Nancy San Martín y Gerardo Reyes. Su último párrafo dice que el caso provocó especulaciones en los medios y en círculos políticos de Buenos Aires y Caracas de que el dinero era para la campaña presidencial de Cristina, la esposa del presidente argentino Néstor Kirchner. Nancy San Martín suele firmar junto con otros columnistas. Se ha especializado en temas sensibles para la inteligencia estadounidense y cubierto informaciones sobre Cuba, Colombia, Venezuela y Afganistán. En cambio el colombiano Gerardo Reyes es un reconocido abogado e investigador periodístico, autor de varios libros y ganador de los premios Pulitzer, Planeta y Maria Moors Cabot”.

    “Al día siguiente, 15 de agosto, esa especulación fue reproducida por el boletín del Consejo Militar Cubano-Norteamericano (CAMCO), una organización integrada por militares estadounideneses y cubanos, incluyendo desertores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y miembros de la Brigada de Asalto 2506, rechazada en 1961 en Playa Girón. Sus objetivos declarados son alentar y apoyar a los militares cubanos a comenzar una transición pacífica hacia la democracia sin los hermanos Castro y organizar un ejército profesional, subordinado al poder civil y democrático que sea elegido por el pueblo cubano. Su presidente es el mayor general Erneido Oliva, a quien el Departamento de Estado y el Pentágono le dijeron que los planes de CAMCO coincidían con los de la Casa Blanca. Al presentar la información, CAMCO hizo un montaje fotográfico, por el que Antonini aparece sosteniendo el maletín abierto colmado de dólares. Pero la única mención previa al alegado destino del dinero que apareció en la prensa venezolana es un artículo publicado el 10 de agosto en el semanario de Caracas Quinto Día, con la firma de Antonio Batistini Ortega, quien cita como fuente a presuntos servicios de inteligencia de Caracas y Buenos Aires, que no identifica”.

    “El desconocido Antonio Batistini Ortega, quien escribe desde Buenos Aires, atribuye a un denominado analista local Marcos Batistini que los 800 mil dólares decomisados eran para la campaña electoral de Cristina Fernández. El conocimiento del autor sobre la Argentina no es sobresaliente: menciona a Julio Da Vido, Claudio Uberdi, el Grupo Techi y la empresa energética Enarsa. En la Argentina sólo hubo una declaración hipotética de los dirigentes de la Coalición Cívica Libertadora, Elisa Carrió y Adrián Pérez, quienes el 9 de agosto, recordaron que habían denunciado a De Vido y Uberti como recaudadores ilegales de la campaña de Néstor Kirchner en 2003. Ante la aparición de Uberti en el avión con Antonini, Pérez conjeturó que puede ser un modus operandi en esa materia. El 10, el diario La Nación sostuvo en un editorial que en un año electoral siempre se sospecha que los fondos para las campañas pueden provenir de rutas poco habituales y cubiertas de neblina. Ni siquiera el semanario Noticias mencionó esa posibilidad en su nota del 11 de agosto. Sólo afirma, como Carrió, que Uberti fue el recaudador de la campaña del 2003. Es decir que la única fuente que se anticipó al FBI estadounidense en su acusación a la presidenta argentina fue Quinto Día. También llamado El Semanario de los Nuevos Tiempos es un periódico semanal con información política y económica, que desde 1996 se imprime en papel y se publica en la web, con acceso pago a las notas. Su director, el periodista Carlos Croes, fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Jaime Lusinchi. También dirige el canal Televen, donde tiene su propio programa. Quinto Día es una publicación establecida pero nadie sabe nada sobre el autor de la nota ni sobre su fuente. Consultado para esta nota, su jefe de redacción dijo que Batistini Ortega ofreció el artículo y ellos lo publicaron, pero que no tienen relación contractual con él: No es un periodista conocido y ésa fue la única nota que publicó. Nadie puede dar fe tampoco de la existencia real de Marcos Batistini, mencionado en la nota con la muy significativa palabra de la jerga de inteligencia analista. Ni en el padrón electoral ni en la guía telefónica figura ninguna persona con esos nombres. Tampoco tienen legajo en la Policía federal, ni cédula ni pasaporte argentino, ni son periodistas o analistas extranjeros que hayan ingresado al país en forma legal. Ante una consulta para esta nota, la Dirección de Migraciones respondió que un ciudadano italiano de nombre Antonio Batistini estuvo cuatro días de tránsito en la Argentina, entre el 20 y el 24 de enero de 2007, es decir, siete meses antes del episodio de la valija”.

    Retomemos ahora al llamado Comité Comunitario por la Imparcialidad y la Justicia, que, en su oportunidad, se dirigió al juez Dube, el mismo que aparece en la causa de los 800.000 dólares de Antonini.

    Según propias declaraciones de sus integrantes, ese Comité está vinculado con el Consejo Militar Cubano-Norteamericano (CAMCO), mencionado en los párrafos anteriores, y trabajó arduamente en la defensa de los terroristas anticubanos Santiago Alvarez y Osvaldo Mitat.

    Álvarez y Mitat –quienes hicieron posible la entrada ilegal, en abril del 2004, del Luís Posada Carriles en Estados Unidos- fueron arrestados en Miami por agentes federales por posesión de un arsenal de armas que se encontraba, desde principios de ese mismo año, en una propiedad de Álvarez, ubicada en el condado de Broward. En diciembre del 2005, fueron acusados de siete cargos por posesión ilegal de armas y explosivos.

    En ese entonces, el periódico El Nuevo Herald publicó lo siguiente: “familiares y amigos de los activistas anticastristas Santiago Alvarez y Osvaldo Mitat pidieron a las autoridades de Estados Unidos que permitan a ambos acusados tener un juicio en Miami y criticaron las contradicciones de la fiscalía a la hora de argumentar la jurisdicción del caso. En una carta abierta a la opinión pública, un autotitulado Comité Comunitario de Miami por la Imparcialidad y la Justicia dijo sentirse consternado por las recientes acciones del fiscal federal, que está empeñado en sacar el caso fuera de Miami”.

    Los doce firmantes de la misiva son conocidos simpatizantes del CAMCO: Francisco J. ``Pepe`` Hernández, Alberto Hernández, Feliciano Foyo, José Basulto, Julio González Rebull, Lorenzo de Toro, Miguel M. Alvarez, Frank Martell, Mario Ferro, René Guerra, Jorge A. Rodríguez y Ernesto Abreu.

    El texto apareció apenas 24 horas después de la imputación de cargos en un tribunal de Miami, donde Alvarez y Mitat se declararían culpables de siete casos por posesión ilegal de armas, según dijeron entonces sus abogados. La audiencia estaba a cargo del juez Robert Dube, a quien muchos anticubanos de Miami no le escatimaron elogios.

    El diario La Nación – portavoz empedernido de cuanta operación se entable contra el gobierno argentino y el presidente Chávez- y otros medios de comunicación locales difundieron el pasado domingo la desmentida del Jefe de Gabinete de la presidenta Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, respecto de una supuesta visita de Antonini a la Casa Rosada, horas después de haber intentado ingresar al país con los famosos 800.000 dólares.

    “Además de negar este dato comprometedor, aportado a la causa judicial por Victoria Bereziuk, secretaria del ex titular del Occovi, Claudio Uberti, también salpicado por el escándalo, desde Balcarce 50 (sede el Ejecutivo local) insistieron en calificar de formidable acción de la inteligencia norteamericana la aparición de datos y testimonios judiciales que vinculan ese dinero con la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo La Nación.

    "El Gobierno no registra ningún ingreso con ese nombre y apellido", afirmó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en relación con el venezolano, que desde hace meses coopera con las autoridades norteamericanas para resolver el caso que se tramita en la justicia federal de Miami”, destacó el mismo medio.

    "Todo me parece un formidable disparate. Es una operación que se va acomodando de acuerdo a las necesidades políticas de quienes la impulsan", dijo el Jefe de Gabinete de la presienta Fernández de Kirchner.

    "El que descubrió el caso fue el gobierno nacional; la que detectó la valija fue la Policía Aeronáutica, y la que labró las actas fue la Aduana", recordó el sábado pasado el funcionario.

    El jueves último, y en el marco de la causa abierta en Argentina, la fiscal María Rivas Diez reveló que Bereziuk dijo haber visto a Antonini Wilson en la Casa Rosada dos días después del incidente de la valija.

    Según la fiscal, la testigo afirmó que el venezolano acudió a "una especie de brindis en una oficina de la Casa Rosada, mientras que en otra se firmaban acuerdos energéticos entre la Argentina y Venezuela”.

    "Esa persona ni siquiera dice que lo vio en el salón principal", contestó Alberto Fernández a la emisora local Radio Mitre, en alusión a los dichos de la testigo, que viajó con Antonini Wilson y Uberti en el polémico vuelo rentado por la empresa estatal argentina Enarsa.

    La mejor forma de desarticular, sobre todo ante la propia sociedad, la evidente maniobra de la inteligencia y de la Justicia estadounidense contra el gobierno de la flamante presidenta será que la los tribunales locales lleguen hasta las últimas consecuencias en la investigación que se lleva adelante aquí, por contrabando y lavado de dinero, incluso si ello concluyera en responsabilidades políticas y penales de algún alto funcionario del actual o del pasado gobierno.

    Claro que hay ingredientes que no abonan ese camino, como por ejemplo la actitud de llamativa frivolidad que adoptó la agente de policía aeroportuaria que oportunamente detectó e impidió el ingreso de los 800.000 dólares de Antonini, María Luján Telpuk.

    La ex agente, que acaba de aparecer semidesnuda en fotos periodísticas, divulgadas por la revista Veintitrés, aspira a convertirse en algo así como una estrella de la farándula, de la mano del empresario de los medios y del espectáculo Marcelo Tinelli, una especie de vociferante impúdico de la denominada televisión basura.

    El semanario porteño Veintitrés reveló en su última edición que, según versiones locales y procedentes de Venezuela, la ex policía podría ser un “presunto engranaje de una megaoperación de la CIA”, y fue elogiada por los mismos jefes que habían acusado a su hermano de colaborar con una empresa en manos de ex represores de la pasada dictadura militar.

    Demasiadas circunstancia a pedir de boca de la agencias secretas y de la Justicia estadounidenses, aplicadas en forma a veces burda a atacar por todos los frentes a cualquier proyecto político que considere o imagine en algún punto contrario a sus intereses hegemónicos.

(APM)

 

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